De Señorías, butacones y sillas

Según dispone la Constitución (Art. 117.1), “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”. Supongo que con el término “emanar” no se refiere a la acepción de sustancia volátil al desprenderse de un cuerpo sino, más bien, a la de traer origen y principio de algo de cuya existencia se participa. O sea, dicho en román paladino, que la justicia sale de lo que el pueblo considera justo.

Esta justicia que, como acabamos de descartar, no es etérea ni vaporosa, ha de ser real y concreta, igual que la condición de los ciudadanos que conforman el pueblo. El paso inicial para conseguirlo es designar a los que verán sus asuntos, para hacer justicia efectiva en providencias, autos y sentencias. Y aquí aparece el primer problema: ¿Quiénes acceden y cómo al Poder Judicial?. No hay que perder de vista que se trata de uno de los tres Poderes del Estado, imprescindible en cualquiera que se pretenda democrático. Demasiado importante, y también goloso. Juzga y hace ejecutar lo juzgado, con arreglo a lo que prescriben las leyes y, ¡oído cocina!, a su capacidad de interpretarla.

Orillamos por ahora este asunto, porque no es objeto del presente artículo, y nos centramos en el segundo obstáculo, que ahora vamos a tratar, el de las butacas y sillas. Cuando se trata de las que ocuparán los representantes de los juzgadores en las Asociaciones a las que pertenezcan, no se presenta, a mi juicio, controversia alguna. Igual se hace en los Colegios Profesionales o en cualquier Comunidad de Vecinos.

Y, ¿en las que están pensadas para que asienten su plaza las jerarquías del organigrama judicial?. Pues, ¡eso ya es otra cosa!. Desde luego es un tema que preocupa a las altas instancias del Estado, y de un modo particular a los políticos. Estos días se ha publicado que retomarán negociaciones para renovar los cargos que han terminado su mandato. Hasta ahora, por el tiempo transcurrido y lo infructuoso de sus reuniones, el acuerdo se revela difícil y complicado. Ellos sabrán por qué. A nosotros, los ciudadanos, emisores de justicia, no nos han consultado. No obstante, nada quita de momento que uno pueda elucubrar sobre los nombramientos y sus asientos. Veamos opciones:

1º.- Que lo decidan los jueces:
¿No serían demasiado poderosos y ajenos todo control?. Además, ¿no se podría convertir en un cortijo, una camarilla, taifa o clan?. ¿Cómo defenderse del inevitable riesgo endogámico?. ¿Y cómo tomar acciones con el que contraviene la ley, pero es familiar, amigo o vecino? ¿O es que puede asegurarse que aquí no operaría eso del “hoy por ti y mañana por mi”, o lo de mirar para otro lado?

¿Le parece a Vd imposible la existencia de jueces que delincan?, ¿que los haya incluso objetores hasta de principios constitucionales?. ¿Que opinaría, dejando a un lado el sesgo de sus fundamentos y decisiones, de los que retiran la bandera de España de sus despachos y salas, y el retrato de S.M. en cuyo nombre imparten justicia? Quizá sea una objeción sobrevenida. Eso sí, con paga y silla. Y no pasa nada. Independencia con plenipotencia: ¡Peligrosa prepotencia!

2º.- Que los designen los políticos:
Desde luego se les ve muy afanados en hacerse con esta facultad. Curiosa manera de refrendar su tan cacareado anhelo de regeneración democrática. Los Partidos más votados del actual Parlamento, según ha trascendido, acercaron posturas y están más próximos a sacar un listado con los agraciados. Al parecer, ahora ya no hay líneas rojas, simplemente la exigencia de que no entre Podemos en el enjuague. Como si esa formación política no tuviese representación parlamentaria. O, tal vez, ya haya metido su baza, y se trate simplemente de que creamos que no existen jueces que vibran con las oscilaciones de dicha cuerda. Sea como fuere, su afán regenerador se ha mostrado como una manifestación más del dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Por contra, cada vez parece más patente el interés en aumentar su control sobre el Poder Judicial. A veces esas ganas se desbordan, y salen al exterior en forma de expresiones como la de “Montesquieu ha muerto”. Y no da la impresión de haber sido un “calentón”, sino el asomar de un osado plan. Si, en el año 2.020, el Ejecutivo impidió al Monarca acudir a la entrega de despachos de los nuevos jueces, a pesar de ser quien sanciona y promulga las leyes, nombra al Presidente del Tribunal Supremo, al Fiscal General del Estado, a los veinte miembros del Consejo del Poder Judicial, a los doce miembros del Tribunal Constitucional y a su presidente, y de tener como una de sus misiones constitucionales arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las Instituciones, ¿qué no pretenderán de la Jefatura del Estado hacia abajo?. Si su nombramiento se deja al interés de los políticos, ¿dónde queda la independencia del Poder Judicial?, nos preguntamos muchos. ¿Velarán por ella los políticos? ¿Los mismos que en sus propios Partidos “borran de la foto” a los que discrepan?

¡Peligrosa dependencia!

3º.- Que los vote el pueblo:
Al fin y al cabo, constitucionalmente, del pueblo nace la justicia. ¿Por qué no ha de nombrar el mismo a quien lo ajusticie?. Antes de aceptar sin más esta proposición, habría que preguntarse: ¿Serían los jueces, así elegidos, capaces de ser independientes de los vaivenes de la voluntad popular? ¿El criterio para aplicar justicia pasaría a ser el de la mayoría, o el de la mayor presión ejercida desde las redes sociales? ¿Alguien duda que resultarían promocionados los jueces que demostrasen mayor “sensibilidad social”?... ¿Y los demás?, ¿se verían apartados?, ¿se les obligaría a superar cursos de adaptación que validasen de nuevo su competencia? Esta alternativa promete ser estupenda para disfrutar ya no sólo de gobernantes, sino también de jueces populistas y mediáticos. ¡Peligrosa influencia!

Pues, visto lo visto...

4º.- Por turno, o que lo decida la suerte
Aquí también es aconsejable rechazar el “principio de incoherencia”. Si, ese por el cual se aplica a un criterio y su contrario a conveniencia. Y habrá que esforzarse, pues, lamentablemente, el ejercicio de la coherencia parece haber caído en notable desuso. Ya se sabe que no ser coherente contraviene la lógica. Pero, igual ocurre con el sentido común, del que se dice que ha pasado a ser el menos común de los sentidos. Echando un vistazo a otras profesiones podríamos plantearnos las mismas preguntas, y ver si
es razonable ofrecer iguales soluciones o las opuestas. ¿Parecería lógico que un médico ocupe una plaza por turno?, ¿que se decida el especialista
que me verá o el cirujano que me intervendrá por sorteo?, ¿que se cubran las plazas de Adjunto o de Jefe de Servicio por designación de los políticos, o por lo que diga la gente?. ¿Y que se elijan a sí mismos?... Así, por ejemplo, no ocuparía sitio uno que venga de fuera u otro que nos ponga a hacer guardias, nos complique la vida y nos dificulte el pluriempleo... ¿Y, en el gremio de la Enseñanza, tratándose de cubrir la plaza de una cátedra universitaria?...

Si nos parece inaceptable aquí, tampoco debiéramos admitirlo allí, si pensamos
consecuentemente.
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En fin, a Vd, como parte del foco originario de justicia, y su mantenedor, ¿qué procedimiento le parece mejor?. ¿Sería tan difícil aplicar una regulación similar a la de la Enseñanza o a la de Sanidad para cubrir los puestos de responsabilidad en la carrera judicial?. Si el legislador supo hacerlo en aquéllos ámbitos, ¿qué impedimento cree que encuentra para no adaptarla a éste?