Claves de la “guerra de la TV”: compromiso del Gobierno con PRISA y un informe interno que declara inviable otro canal

La “guerra de la TV” desatada la semana pasada tras la aprobación por parte del Ejecutivo del Proyecto de ley de Impulso de la Televisión Digital Terrestre está muy relacionada con algunos detalles menos conocidos por la opinión pública. El Confidencial Digital ha podido escuchar algunas claves que explican la beligerante actitud demostrada desde algunas compañías que se han declarado “en rebeldía”.

El temor del sector audiovisual al proyecto del Gobierno que propugna la eliminación del límite de tres canales analógicos a nivel nacional está muy relacionado con la confirmación de algo que ya muy pocos niegan: el Gobierno ha adquirido un compromiso con el Grupo PRISA para resolverles “el asunto de la televisión”.

Destacados dirigentes de medios de comunicación así lo han confirmado en fecha reciente a ECD: el acuerdo existe, ya no hay duda, y Jesús de Polanco va a tener su televisión en abierto, algo, por otra parte, cada vez más evidente y que se percibe con sólo escuchar las declaraciones de los miembros del Gobierno.

La reacción de Antena 3, Tele 5, Vocento, Recoletos, El Mundo, La Razón, ABC, Punto Radio, Onda Cero y la Cadena COPE está relacionada con esta convicción pero también con un informe reservado, en poder sólo de algunos directivos y que rebate la justificación de pluralidad esgrimida por el Gobierno.

El mencionado estudio demuestra que la posibilidad de conceder otro canal analógico, además del destinado a PRISA, en busca de mayor diversidad en el mercado, además de incoherente con el prometido impulso a la televisión digital, es inviable.

El dossier en poder de algunos grupos de comunicación y fruto de un análisis detallado del sector, concluye tres datos especialmente relevantes:

a) El desarrollo de otro canal televisivo en analógico obligaría a reunir una serie de frecuencias para intentar la máxima cobertura posible. Tras observar el espectro televisivo, provincia por provincia, se ha llegado a la conclusión de que nunca se podrá cubrir todo el territorio nacional, con el consiguiente perjuicio respecto a los competidores.

b) Un nuevo canal exigiría, además, realizar un plan de implantación de antenas por toda la geografía española para asegurar también una amplia cobertura. Este proceso supondría un enorme desembolso añadido para el interesado y supondría también un significativo coste de tiempo.

c) Al tratarse de frecuencias ya disponibles pero no adjudicadas, se da el caso de que esa parte del espectro televisivo ya ha sido ocupado por canales piratas, alegales, etc. Si uno decide emitir, a pesar de todo, encontraría graves problemas en la recepción de la señal. Una de las ciudades más “contaminadas” por esta “piratería” es Madrid.

A la vista de todo lo anterior, los grandes grupos de comunicación que aspiraban al menos a la otra licencia televisiva que va a conceder el Gobierno como “paraguas” al gesto hacia PRISA, han decidido renunciar a ella y optar por la “rebeldía” y la unión de fuerzas ante el Ejecutivo: “nuestra intención –explica un alto directivo a ECD- es demostrarles que van a tener que hacer frente a un serio problema político”.