La nueva Ley Audiovisual no estará antes de marzo: la vicepresidenta De la Vega no quiere un texto “contra nadie” sino que favorezca “compañías robustas”

Según los datos recogidos por El Confidencial Digital en fuentes cercanas a Moncloa, este proyecto acaba de ser retomado personalmente por la propia vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Tras su total implicación en el Plan de Derechos Humanos que la llevó la semana pasada hasta la misma sede la ONU, en Nueva York, ahora se dedica por entero a la nueva Ley.

Las fuentes ministeriales consultadas por este confidencial confirman que De la Vega “se está viendo con todos” porque quiere evitar que la nueva legislación “vaya contra nadie”. Para ello, la vicepresidenta se está moviéndose mucho, escuchando las reclamaciones de los principales actores del sector y valorando pros y contras de sus reivindicaciones.

Y ha llegado ya a algunas conclusiones. La eliminación del tope accionarial del 5% que impide actualmente a una compañía participar de formar significativa en dos televisiones distintas –propuesta adelantada el pasado lunes por ECD (véalo aquí)- está cerca de recibir la aprobación final. Se va a favorecer así, como ya se dijo, la concentración empresarial, algo que los accionistas están reclamando para asegurar la pervivencia futura del negocio.

Desde Presidencia del Gobierno se explica esta decisión, consensuada con todas las televisiones, indicando que es preciso auspiciar la creación de “compañías robustas”, de grandes consorcios audiovisuales, con capacidad también para competir internacionalmente, algo que con la ley actual no parece sencillo.

ECD ha podido saber, finalmente, que De la Vega maneja varias alternativas para evitar posiciones de dominio y seguir apostando por la pluralidad pese a la posible supresión de ese límite. Por ejemplo, recurriendo a la limitación territorial o estableciendo límites de porcentajes de audiencia.