Medios

Luis Fernández quiere cortar en seco las filtraciones desde TVE a los medios: distribuye una directiva interna sobre confidencialidad y se rastrean los ordenadores

El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, ha lanzado una ofensiva para intentar evitar las filtraciones de datos e informaciones de Prado del Rey a los medios de comunicación. Acaba de hacer pública una instrucción interna sobre confidencialidad.

Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, se trata de una orden distribuida a través de la Intranet de la compañía, fechada el pasado 16 de junio y firmada por el propio Luis Fernández. En ella se explica por extenso el grave daño que le está causando a RTVE la salida a la luz pública de documentos internos, principalmente de carácter económico.

A juicio de los directivos de la Corporación, supone un grave perjuicio para la imagen de la empresa y situa a la televisión pública en situación de inferioridad respecto a la competencia. Se recuerda que el “secreto de empresa” está reconocido por amplia jurisprudencia y que el Código Penal define como delito determinadas conductas de este tenor.

Tras especificar quienes son sujeto de este tipo de deberes en TVE y cuáles son los documentos objeto de secreto, se recuerda aspectos como los siguientes:

-- Nadie puede acceder a información interna sin la autorización debida.

-- No se pueden usar claves de acceso sin estar habilitado para ello, ni ceder esos códigos a terceros.

-- No se revelarán datos obtenidos de este modo a terceros.

-- Se debe velar por el uso del material contenido en los ordenadores portátiles, prohibiendo la instalación en ellos de programas no aprobados.

Además, se establece el grado de falta en el que se incurre en cada caso y las consecuencias para directivos y empleados derivadas de vulnerar este deber de confidencialidad.

En estos momentos, las nuevas instrucciones son la ‘comidilla’ de los empleados ubicados en los diferentes departamentos de la Corporación. Existe cierto temor a una ‘caza de brujas’ y se alude incluso a determinadas acciones dirigidas a rastrear los ordenadores de los empleados en busca de pistas y culpables.

Desde algunas instancias, se denuncia que la citada directiva podría constituir una ilegalidad, habida cuenta de que –según algunos trabajadores- se estaría modificando el convenio colectivo vigente en el capítulo relacionado con las faltas graves. El caso se ha puesto en manos de abogados.

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