Los 129 expulsados de El País preparan una demanda por despido improcedente. Y se estudia acusar a Juan Luis Cebrián de administración dolosa y vaciamiento patrimonial
Los despedidos de El País no se van a quedar quietos tras la abrupta salida de la empresa. Se han planteado una demanda contra la empresa por despido improcedente. Y algunos, a título individual, quieren demandar a Juan Luis Cebrián en la vía penal por delitos societarios.
Los 129 ex integrantes de la plantilla de El País estudian en firme presentar, en los juzgados de lo social de Madrid, una demanda colectiva por despido improcedente. Eso plantearía un escenario de negociación para conseguir unas indemnizaciones más justas y generosas.
El colectivo considera que la indemnización de 20 días por año, con tope de 12 meses, es del todo inaceptable, máxime cuando se trata de resarcir toda una vida laboral que en algunos casos llega hasta a 30 años de dedicación a la empresa.
Y por lo que se refiere a los despedidos más jóvenes, las cantidades que se les ofrecen resultan claramente insuficientes para financiar unos años de incierto futuro laboral.
El colectivo cree que todavía hay espacio para que Prisa se avenga a un despido más justo y generoso. La empresa nunca ha dicho que esté en situación pre concursal, y ni siquiera reconoció en las cartas de despido que hubiera tenido pérdidas, sino “descenso de los ingresos durante tres trimestres consecutivos”.
Juan Luis Cebrián en el banquillo
Además de esa demanda laboral, algunos redactores están dispuestos a presentar, a título individual, demanda penal contra Juan Luis Cebrián, por delitos societarios, tales como administración dolosa, vaciamiento patrimonial, falsificación de documento mercantil y otros. Si prosperan, sentarán en el banquillo al principal ejecutivo de la compañía
Según ha sabido El Confidencial Digital, algunas demandas están ya en manos de abogados, y el objetivo es lograr el enjuiciamiento de la gestión desarrollada en Prisa, personificada en sus principales gestores, y singularmente su consejero delegado. Las demandas penales tratarían de lograr un resarcimiento económico.
Por lo que se refiere al futuro de algunos de los despedidos, al menos una docena de ellos han tenido o tienen ofertas de trabajo, de medios digitales, agencias de comunicación e incluso empresas desde el día siguiente de su cese.
