Los corresponsales en Afganistán están logrando escapar a la censura de los talibanes

Militares y policías requisan cámaras y advierten a los periodistas que cubren protestas, pero no consiguen vetar noticias ni han expulsado del país a ningún reportero

Talibanes.
Talibanes.

Desde la conquista de todo Afganistán por parte de los talibanes, el nuevo régimen ha tratado de mostrar una buena imagen de cara a los periodistas. En los primeros días tras controlar Kabul, llegaron a dar entrevistas a medios internacionales como la BBC, convocaron ruedas de prensa donde hablaban en inglés con los corresponsales internacionales, y difundieron imágenes donde realizaban actividades como comer un helado y jugar con los coches de choque.

Los talibanes buscaban transmitir al mundo una imagen más amable para tratar de lograr apoyo internacional, que les permitiese que su régimen no muriese de inanición a causa del aislamiento internacional por sus ataques a los derechos humanos.

Meses más tarde, las circunstancias han cambiado. Afganistán es ahora mismo un país gobernado por los radicales islamistas donde las únicas protestas que se producen están protagonizadas por pequeños grupos de mujeres.

Sin embargo, el orden que prometieron en su llegada no ha llegado. Según varias fuentes narran a Confidencial Digital, el país ahora mismo es mayoritariamente "pobre" y los talibanes siguen acosando "a los que han trabajado para los extranjeros".

Por ejemplo, en los últimos días, según narra una activista local a ECD, los talibanes "han empezado a buscar en sus casas" a las personas que hubieran trabajado con los extranjeros, especialmente mujeres, y si no los encuentran se llevan a sus familiares "a un lugar desconocido".

Además, en lo referente a la situación de las mujeres, la afgana añade que "no dejan que las chicas estudien y trabajen fuera".

Los periodistas denuncian la situación de las mujeres a pesar de la censura

El trato con los periodistas es muy diferente a esta dureza con la población que ha llevado a intentar salir del país a miles de personas. Desde el primer contacto, los fundamentalistas prometen una relación amistosa con los profesionales de medios de comunicación extranjeros.

La nueva administración vende este buen trato con gestos como rapidez administrativa en la entrada al país de los periodistas. Sin embargo, toda esta posición pende de un hilo: su prohibición de "hablar de las protestas contra el gobierno".

Pero, en la práctica, esta censura total no llega a su totalidad. Las denuncias de las afganas, centradas en la defensa de sus derechos, han sido cubiertas por medios internacionales y nacionales como France Press y El País

 

Aunque los dirigentes militares les han llegado a quitar la cámara, o han tratado de presionarles con reprimendas, las noticias siguen saliendo y "ningún periodista extranjero ha sudo expulsado el país", aseguran a ECD corresponsales que se encuentran en Afganistán o que han pasado recientemente por allí.

"No llegan a seguir todo lo que se publica", señala Luis de Vega, periodista de El País que ha estado destinado un mes en Afganistán. Según explica por su propia experiencia personal, después de publicar manifestaciones tuvo que pasar por el Ministerio de Información, donde sin embargo no tuvo problemas.

Las manifestaciones vetadas por los talibanes consistían protestas de pequeños grupos de mujeres donde la presencia militar es más numerosa que la de las propias manifestantes. En el transcurso de estas manifestaciones, el responsable del operativo militar trata de parar a los periodistas extranjeros con intimidaciones verbales, pero, en alguno de esos actos, llegan a hablar con los periodistas para que se publiquen sus declaraciones.

Estas circunstancias se deberían a que, entre otros motivos, según los corresponsales, los talibanes "no tendrían tanta fuerza" para aplicar con eficacia la censura. A eso contribuyen factores como que los miembros de la cadena de mando mantienen disputas ideológicas entre ellos. Este caos provoca que actos como marchas de la minoría musulmán chii, en un principio no señalados como prohibidos por la administración superior, podrían ser sospechosas y perseguidas por las administraciones locales.

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