La familia del periodista detenido en Polonia consigue 20.000 euros en donaciones para pagar su defensa

Oleada de solidaridad hacia la familia de Pablo González, el periodista detenido el 28 de febrero en Przemysl (Polonia), acusado de espionaje mientras cubría la guerra de Ucrania. La asociación #FreePabloGonzález ha logrado en dos semanas 20.000 euros en donaciones “para hacer frente” a los gastos que supone la defensa jurídica del periodista.

Gracias a este dinero, el periodista podrá seguir contando con la representación de tres bufetes de abogados, coordinados por Gonzalo Boye, que están trabajando con la mirada puesta en febrero, cuando se cumple un año de su encarcelamiento. Tal como explican fuentes consultadas por Confidencial Digital, tienen “esperanzas para esas fechas tras todo este año”.

Esta noticia llega en un momento especialmente delicado para la familia después de que la Justicia de Polonia se haya negado a aceptar la apelación de los abogados de Pablo González en una vista celebrada este martes y volviera a decretar su entrada en prisión.

Desde la Asociación encargada de difundir su causa han creado un segundo número de cuenta en el BBVA, además de la cuenta que ya estaba abierta en Kutxabank, para tratar de seguir ayudando económicamente al periodista detenido y su familia. Próximamente activarán también el pago por Bizum.

El periodista, colaborador de medios como el diario Público, es experto en temas relacionados con el mundo postsoviético. Su detención provocó hace un año la reacción de varios grupos políticos, como Unidas Podemos y EH Bildu, que exigieron que se informara de las gestiones para la liberación inmediata del corresponsal.

Acusación de espionaje ruso

González fue arrestado por la Agencia de Seguridad Interior de Polonia bajo la acusación de ser un espía que estaba trabajando en actividades especiales para Rusia. El gobierno del país señala que Pablo González fue “identificado como agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa”.

Las autoridades polacas le acusan de haber infringido el artículo 130.1 del Código Penal polaco. En él se señala que “toda persona que participe en las actividades de inteligencia extranjera” contra la República de Polonia “será castigada con una pena de prisión de uno a diez años”.

A lo largo de este tiempo, el Gobierno español ha respondido siempre ofreciendo una versión diplomática: Pablo González “recibe asistencia consular como cualquier otro ciudadano español en esta situación” y ha destacado que el cónsul, que le ha visitado “personalmente en varias ocasiones”, lo ha encontrado bien y está en contacto con su familia. Además, ha agregado que la Embajada está “pendiente de esta situación y recibe toda la información disponible”.

Por otro lado, el pasado mes de noviembre, tras 267 días sin contacto con su familia, Pablo González recibió la visita de su pareja, Oihana Goiriena, en un encuentro que duró dos horas y que se llevó “bajo la estricta vigilancia de un oficial de la inteligencia polaca”.