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El juez centrará la acusación por la presunta trama de espionaje de‘Sálvame’ en el delito de revelación de secretos

El Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid no ha encontrado de momento pruebas por cohecho y organización criminal

photo_camera El presentador de 'Sálvame Deluxe', Jorge Javier Vázquez

Investigación ilegal a 140 famosos: es lo que investiga la policía en la llamada Operación Deluxe. El pasado 26 de marzo, el periódico El Mundo desveló que la justicia lleva indagando desde hace cuatro años una trama de presunto espionaje del programa ‘Sálvame’, cuya productora es la Fábrica de la Tele.

Los hechos se empezaron a investigarse en 2018 y empezó con una imputación al paparazzi Gustavo González, responsable supuestamente de desvelar datos privados como la ficha policial de casi 140 celebridades junto con el Policía Ángel Jesús Fernández Hita.

Con el paso del tiempo se ha ampliado la lista de sospechosos como el propio director de ‘Sálvame’, David Valdeperas, siete personas más del equipo del programa y la productora la Fábrica de la Tele, de la cual los fundadores, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, aparecen como responsables civiles subsidiarios.

Dentro de las 140 personas hay personajes del mundo de la televisión como Kiko Matamoros, Rocío Carrasco, Chavelita, Alba Carrillo o Andrés Fernández, exmarido de Rosario Mohedano. Pero también hay personalidades de otros sectores como la extenista Arantxa Sánchez Vicario, la cantante Isabel Pantoja, el actor Luis Fernández, la expresidenta de la política de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o incluso la propia Casa Real.

Instrucción casi cerrada

Fuentes judiciales confirman a Confidencial Digital que para el Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid “la investigación ya está concluida” tras esos casi cuatro años de diligencias previas. Según explican, el magistrado Marcelino Sexmero ha terminado el sumario de este caso, documento que consta de miles de páginas y que ha llegado a la Fiscalía para que ofrezca su valoración sobre esta investigación.

Según ha podido saber ECD, una vez que la Fiscalía se pronuncie, se podrá transformar este proceso previo en un “auto de procedimiento de juicio abreviado”. Mientras tanto, la Policía continúa realizando diligencias previas parala “fase final de la instrucción” de esta trama.

El Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid va a centrar su trabajo en dilucidar si se ha infringido un delito de revelación de secretos. Se han difundido datos privados y se trata de demostrar con pruebas si los acusados han infringido la ley en este punto.

El juez no ha podido acreditar, de momento, los pagos al policía Fernández Hita por facilitar esta información policial a los colaboradores de ‘Sálvame’. Para llegar a esta conclusión “se han rastreado las cuentas” de los acusados en búsqueda de ese intercambio de dinero. Tampoco se ha podido acreditar una trama que se lucrase de estas prácticas. Por ello, quedan descartados los delitos de cohecho y organización criminal, a no ser que aparezcan nuevas pruebas en esa dirección, “factor que parece poco probable”, explican fuentes cercanas al caso.

La Policía todavía no ha advertido a todos los perjudicados de su implicación en este caso, por lo que cabe esperar que el litigio pueda crecer en las siguientes semanas. Se podrían imponer más diligencias previas si así lo piden nuevos afectados que se personen como acusación particular.

 

Dudas con las penas

Fuentes judiciales explican que falta que tanto la Fiscalía como las partes perjudicadas y acusadas formulen sus requerimientos para poder conocer a qué tipo de pena se pueden enfrentar los investigados.

El artículo 199 del Código Penal señala en su punto 1 que quien revele secretos ajenos “que tenga conocimiento por razón de su oficio” será castigado con “pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

En la segunda parte se especifica que quien, “con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva”, divulgue los secretos de otra persona “será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años” más multa de “doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.

No obstante, cabe la posibilidad de que a las partes investigadas se les atribuya un delito de revelación de secretos “continuado” y que todos los posibles delitos sean investigados como un solo caso. Si así fuera, las penas podrían ser sensiblemente menores.

También es posible, aunque todavía no se puede determinar, que cada caso sea investigado de forma individual. Si se toma esta decisión desde el órgano judicial y se demuestra su culpabilidad, los acusados tendrían que asumir la pena correspondiente a todos los presuntos espiados que finalmente decidieran personarse.

Otra circunstancia que se tendrá en cuenta dentro de la investigación es la posición de los famosos que presenten acciones judiciales contra los investigados. Fuentes judiciales apuntan a ECD que lo normal en este tipo de casos es que se tomen acciones por lo civil. Si esa así, el magazine de la Fábrica de la Tele podría verse obligar a pagar multas por daños y prejuicios en caso de que acaben siendo condenados.

Raphael, apoteósico en Starlite

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