El Gobierno acepta negociar con asociaciones de periodistas la nueva ley de secretos oficiales
Las organizaciones de profesionales de la información y el Ministerio de la Presidencia comenzarán el debate a la vuelta de vacaciones
La negociación para la reforma de la ley franquista de secretos oficiales, presentada por el ministerio de Presidencia a principios de agosto, se plantea como uno de los grandes de temas del debate político de los próximos meses.
La discusión se presume ‘caliente’ porque hasta partidos cercanos al Gobierno, como Unidas Podemos y Más País, han reclamado cambios de calado, como la rebaja del plazo de 50 años que contempla el proyecto de ley para desclasificar información clasificada. Pues bien. Según ha confirmado Confidencial Digital, en la negociación de enmiendas y modificaciones va a participar también varias organizaciones de periodistas.
Fuentes del sector señalan a ECD que ambas partes se han emplazado a negociar “a la vuelta de vacaciones”, con una fecha todavía por determinar, los términos finales de la ley. De hecho, varias organizaciones de periodistas y otras asociaciones civiles, como Greenpeace, han presentado alegaciones a lo largo del mes de agosto.
El ministerio dirigido por Félix Bolaños, el nuevo responsable de estas competencias después de que a principios de agosto Sánchez las quitara del Ministerio de Defensa, se ha comprometido “a tener en cuenta” la documentación que les ha llegado.
Por lo pronto, hasta veintidós organizaciones civiles han criticado en un comunicado que se haya implementado “un plazo increíblemente corto” para el periodo de consulta pública, concretamente del 3 al 12 de agosto, cuando se trata de reemplazar a la ley vigente de secretos oficiales, que data del año 1968.
Entre ellas se encuentran algunas asociaciones de periodistas como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), además de otras de documentalistas, de consumidores como la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y los Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP).
Procedimiento de la ley
Este borrador de la ley señala que el Ministerio de Presidencia será la Autoridad Nacional encargada de proteger la información clasificada y de cumplir la normativa.
Para poder desclasificar esta documentación, no se señala ningún procedimiento, pero se especifica que la calificación de confidencialidad corresponderá “exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor”.
