UGT pide incluir la existencia de RTVE en la Constitución
Buscan blindar la continuidad y existencia del ente público frente a Gobierno y partidos
El pasado junio, UGT actualizó su 2º Plan Estratégico para el ente público. Entre sus propuestas para mejorar el servicio que ofrece la Corporación de Radio y Televisión Española está blindar constitucionalmente RTVE y así equipararse a la Unión Europea que concede a la radiodifusión pública garantía constitucional al estar incluida en el Protocolo de Ámsterdam anexo al Tratado de la Unión.
"El Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge la necesidad de salvaguardar la independencia de la radiodifusión pública por su carácter informativo fiable, primordial y garante de la participación ciudadana", señalan desde UGT Prado del Rey, y por ello añaden que "la Corporación debe ser reconocida como «institución de derecho público» porque no presta Servicio Público, sino que en sí misma lo es".
Los sindicatos consideran "irrenunciable" este punto, ya que así se evitarían casos como lo ocurrido en Valencia con su televisión autonómica, Canal Nou, que cerró en 2013 debido al desajuste presupuestario y la deuda acumulada. En Grecia, debido a la quiebra del país, la televisión pública cerró en 2013, aunque se refundó en 2015 debido a la presión de la Unión Europea de Radiodifusión.
Para evitar que se tensione un derecho fundamental como la información. Los sindicatos señalan que "se necesita un documento público en el que se especifiquen las tareas y funciones de la televisión pública", apuntan que "el control parlamentario o gubernamental no garantiza la independencia del servicio y sus contenidos". Con todo, los trabajadores recuerdan que "sólo mediante organismos independientes y con poderes reales de regulación, control y sanción, las sociedades pueden asegurar el control de los medios públicos, sus gastos y la eficacia para cumplir los mandatos acordes a sus necesidades".
Derecho a la información
En España, la Constitución recoge en su artículo 20.3 que la ley regulará regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado. Sin embargo, no va más allá. Por ello, desde los sindicatos señalan que se debería "contemplar la protección de RTVE al igual que instituciones y órganos de especial importancia como el Tribunal de Cuentas (recogido en el artículo 136), el Consejo de Estado (artículo 107) o el Defensor del Pueblo (artículo 162).
Otros países europeos sí que recogen el carácter esencial de la radiodifusión pública. En Reino Unido, la BBC depende del OfCom, organismo autónomo que aglutinó a cinco reguladores para dar respuesta a los cambios que en los medios se estaban dando desde el punto de vista regulatorio y de competencia. En Alemania, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la televisión pública debe asegurar las posibilidades de comunicación a todos los intereses sociales y que por ello "desempeña un papel fundamental como medio" y como factor, y debe prestar un "servicio esencial". El constitucional austriaco ha fallado en el mismo término que el alemán. En Francia, el control de sus televisiones públicas está en manos del Consejo Superior del Audiovisual, entidad independiente.
19 euros por ciudadano
Los trabajadores anteponen esos modelos con el italiano, donde la radiodifusión pública depende de una Comisión de Control del Parlamento, lo que se ha traducido en "un reparto de cadenas y puestos de responsabilidad entre los distintos grupos políticos”.
Respecto a las críticas de que el servicio público es caro, los promotores de la iniciativa exponen que en España "cuenta con una de las televisiones públicas nacionales que menos cuesta a sus ciudadanos", apenas 19 euros por español al año y llega al 93% de la población según datos de la fundación Reuters.
ciudadanía, y que sufrió uno de los recortes de presupuesto más importantes.
