Denuncia de ANFAC ante la Comisión Europea: Baleares quiere prohibir la circulación de vehículos diésel en 2025

En una vuelta más de tuerca contra los motores de combustión en general y contra el diésel en particular, el Gobierno de las Islas Baleares incluye en su muy avanzado proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la prohibición de que puedan circular por el territorio insular vehículos diésel a partir de 2025.

Prohibición que llega mucho más lejos, puesto que engloba a todos los vehículos propulsados por motor de combustión para 2035. Esta última medida incluye a coches, motos y furgonetas movidos por combustibles fósiles, es decir, diésel, gasolina, gas natural e híbridos que lleven ligado algún tipo de motor de combustión.

Solo podrán circular los de residentes en Baleares, con independencia de su antigüedad. Pero ningún automovilista europeo podrá acceder con su coche de combustión a estas islas a partir de las citadas  fechas.

Tampoco los concesionarios establecidos en la región podrán vender vehículos nuevos, como si podrán seguir haciéndolo  los ubicados en la Península. Un agravio comparativo del que se deriva un gran impacto económico.

Ante este nuevo conato de prohibición del Gobierno balear, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) acaba de cursar una denuncia ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, a la que también se ha sumado la patronal de concesionarios (Faconauto).

El proyecto de Ley balear invade competencias estatales y de la UE

Según ANFAC, estas medidas son: “arbitrarias, inadecuadas y desproporcionadas. Están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico y suponen un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”. Además de inéditas en toda Europa, también atentan contra la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.

En la denuncia, ANFAC expone que semejante prohibición pretende atajar un supuesto problema de calidad del aire, cuando en realidad en Baleares dicha calidad oscila entre buena y excelente en base al informe de Calidad del Aire 2017 del propio Gobierno balear que, en consecuencia, no puede escudarse en la protección del medio ambiente y la salud de las personas para sacar adelante su proyecto de Ley.

ANFAC solicita a Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción del Derecho de la UE, y llegado el caso se adopten medidas cautelares consistentes en la suspensión de la prohibición. Además demanda al Consejo de Unidad de Mercado que contemple acciones que eviten la entrada en vigor de tan polémica norma.

Ambas peticiones se basan en que semejante prohibición incumple la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios así como el marco europeo de homologación de vehículos a motor. Por otro lado, supone asimismo un grave obstáculo para la unidad de mercado español, con el consiguiente impacto negativo en el sector de la automoción.

Y es que, el proyecto de Ley balear invadiría tanto competencias estatales como de la UE