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Indultos políticos: La prueba del algodón

Celebración de la declaración de independencia en el Parlament de Cataluña el 27 de octubre de 2017.
photo_camera Celebración de la declaración de independencia en el Parlament de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

No es la intención reiterar lo que hasta la saciedad todos sabemos y que lleva condicionando la política catalana y por extensión la española desde hace más de una década, esta última por una clara falta de sentido de Estado de “ambos partidos ”que propiciaron históricamente con sus propios intereses y miopía el problema actual (dando alegres competencias estratégicas y mirando para otro lado ante la corrupción de la élite política local); que unido al reciente “populismo” de uno y otro signo político cuando no “oportunismo” de unos dirigentes poco cualificados en parte por su juventud y por la falta de experiencia laboral, algo así – haciendo un paralelismo- como la selección nacional cuando termina un ciclo y se tiene que hacer una renovación de plantilla. Y digo esto, puesto que la entrada del “multipartidismo” en nuestro país, coincidió con una renovación de los diferentes líderes, cuyo ímpetu, inexperiencia, dogmatismo o incluso radicalismo (caso de Pablo Iglesias por ejemplo), nos llevó a una verdadera montaña rusa de pasiones, deseos y frivolidades que la mayor parte de las veces no coincidía con los intereses ni de España ni con los problemas reales del pueblo, creándose un ambiente de confrontación y de división casi similar a la década vivida y sufrida en Cataluña. Incluso se pretendió reeditar en plan populista distorsionando el conflicto de la Guerra  Civil de 1.936 cuando tocaba realmente gestionar el presente.

Multipartidismo, renovación de líderes, giro a la izquierda del PSOE tanto internamente como electoralmente, -presionado en gran parte por el originalmente potente partido de Podemos-, a lo que a modo de guindilla del pastel, consumó la dependencia gubernamental respecto a los antisistema incluyendo también a los separatistas, tanto vascos como especialmente catalanes, quienes al unísono y contra la opinión mayoritaria del soberano español (70% contrario a los indultos según recientes encuestas algunas de las cuales lo cifran incluso en 95%) están condicionando al Gobierno a tomar una medida de gracia excepcional que promete nuevamente dividir y movilizar la calle, tensionar la justicia y casi con toda seguridad fraccionar al PSOE, que en el mejor de los casos, tendrá que pagar un cantado coste  en las urnas  de su decisión de indultar a los políticos presos, y todo ello en el momento más inadecuado al coincidir a su vez con las previstas y vitales ayudas de la U.E.

Obviamente con parámetros jurídicos, está claro que no procede dicha medida de gracia por los principios penales básicos del derecho penal en cuanto a prevención “general” como “especial”, pues no se olvide que los presos persisten en su actitud, e incluso reiteran que volverán a hacerlo, -no personalmente por la inhabilitación que tendría aparejado ese indulto parcial-, pero si de una forma directa o indirecta en cuanto a participación en sus asociaciones (ANC, Omnium...) o sus respectivos partidos, - véase los respectivos programas electorales- contra toda lógica siguen obcecadamente instalados en su clara desobediencia y reto permanente al Estado, a Europa, los Tribunales, la Constitución y al mismo “statu quo” al  qué ingenuamente pretenden neutralizar con su mero trasnochado sentimiento del consabido cuento de “raza, pueblo y lengua” en un contexto internacional diametralmente opuesto dada la  interdependencia y globalización actual, donde la visión reduccionista de localismos nacionalistas, ni está ni se le espera, menos tras los funestos recuerdos de las dos Guerras Mundiales del S.XX.

¿Realmente tendrían sentido una visión pragmática política para intentar pasar página tal como insinúan los interesados y el mismo  PSOE?

Desde más de seiscientos kilómetros del epicentro, la onda expansiva -a modo de terremoto social- se atenúa, se distorsiona y el prisma del observador incluso más avezado puede errar, máxime si su criterio básico de decisión es estrictamente un supuesto interés altruista general tendente a la paz social.

No obstante, desde el “Km. 0”, ahora en Barcelona, con una Generalitat que lejos de la necesaria neutralidad, ejerce de “particularidad” de los abstractos sueños y deseos hedonistas exclusivamente propios de una parte minoritaria de la población, junto a unos intereses creados como “modus vivendi” exclusivos de esa supuesta élite y sus palmeros, que no obedecen, reflejan ni gestionan con su clara tiránica  impericia  los problemas reales de la población -la cual están llevando a una verdadera regresión política, social y económica como nunca se había visto históricamente en Cataluña-, blandiendo una férrea y tenaz voluntad presente y futura de seguir transgrediendo la legalidad-legitimidad vigente, -curiosamente en la 23ª democracia más plena en el mundo-; supuestos representantes, que al igual que los presos no asumen la norma positiva y ética kantiana al ser más dados al “síndrome del emperador” que como agresivo virus afecta por igual a ancianos, jóvenes y niños convenientemente alineados por los medios de comunicación y educación ante la patente y paralela dejadez del Estado.

La conclusión sería una claro error, -que no sería la primera vez que ya ha ocurrido en diferentes gobiernos- donde el PSOE. a modo de bombero pirómano, volvería a dar “gasolina” a quienes se consideran por encima de la Ley, quienes no acaban de mentalizarse  de la verdadera realidad social  de Cataluña, aspecto que se constata simplemente  comparando el número de independentistas de febrero de 2.021 respecto al año 2.017, donde han perdido 700.000 votantes, y aunque un porcentaje similar de constitucionalistas han optado por quedarse en casa (presumiblemente votantes de Ciudadanos), lo que es obvio es que las elecciones las ha vuelto a ganar un partido constitucionalista PSC (igual que en las anteriores había ganado Ciudadanos),por lo que la mayoría parlamentaria, solo se explica por algo tan anacrónico como el sistema d´Hondt. Es decir, que la suma del voto PSC, Vox, Ciudadanos y PP- en orden de sus resultados- suman 1.137.711 votos, a lo que si sumamos Cataluña en Comú-Podemos, que pese a su indefinición no son exactamente separatistas(menos de quimeras unilaterales),tenemos 1.331.778 votos de constitucionalistas frente a 1.360.069 de independentistas (ERC, Junts y Cup), muy alejado y por debajo del resultado de 2.017 donde sumaron 2.079.340 votos, lo que a su vez  hace poco creíble las encuestas manipulables de determinados medios que hablan de una inmensa mayoría catalana a favor del indulto sea cierta por la mera lógica que esos votantes se sienten como españoles, además de sufrir en el pasado y en el presente el acoso y la ignorancia institucional permanente en todas sus facetas, quienes a su vez constatan la olímpica dejadez del Gobierno en defensa de sus derechos y libertades, “omisión” que por afectar a derechos fundamentales podría ser que un día no muy lejano llegase hasta la propia O.N.U.

Si de lo anterior resta alguna duda, basta constatar el criterio actual del PSC, que pese a su clásica indefinición histórica, actualmente es contrario al indulto al igual que todos los partidos constitucionalistas catalanes, que coincide a su vez con la casi generalidad de la élite anterior y la aún vigente de los barones del PSOE, y que en todo caso, - dado además que le gusta tanto apelar a las bases al Sr. Pedro Sánchez-, deberían ser estas en último extremo quienes emitieran su decisión pues será el propio partido el que sufra las consecuencias de los actos de los actuales dirigentes, dado que apelar a la abstracta razón de estado, sin la mínima razón ni reflexión, no es principio político sólido alguno. En el mismo sentido de cumplir la condena se manifiesta la más emblemática asociación de Sociedad Civil Catalana (S.C.C.).

La propia Historia nos recuerda a su vez lo nefasto de las amnistías de variada ideología, sea la del General Sanjurjo en 1932 o la del President Companys en 1.936. Amnistías hoy legalmente inviables y donde solo cabe el indulto, figura legal que además rechazan los presos. ¿Dónde descansa pues la necesaria base sólida de una decisión política trascendental que debería ser acorde a derecho, la lógica, el interés general, la supuesta razón de estado, la experiencia histórica o el mero pragmatismo programático?. Ante la gestión de un virus desconocido, cabe el múltiple error, pero ante uno ya muy conocido y de nefastas consecuencias históricas, no procede indefinición ni mínima duda alguna.

El mismo razonamiento en caso de que la jugada sea modificar el vigente Código Penal pretendiendo indirectamente el mismo efecto atenuador como premio al incumplidor de la norma internacionalmente admitida, donde radica lo esencial de la seguridad jurídica, la igualdad,  la paz social y el respeto a las libertades y derechos fundamentales. El derecho penal es la última ratio, pero también preciso  para erradicar actitudes persistentes de máxima gravedad como el caso presente.

Tanto Sun Zi Suanjing, como Maquiavelo dos mil años más tarde, expresaban el arte de pensar las acciones y los resultados sin dejar nada al azar, excepción esta del pensar,- en la cual también incluyo las tareas pendientes de la derecha en mostrar “sentido de estado”- a la que parece le sigue aconteciendo lo mismo que decía el Humanista Erasmo de Rótterdam: “La mayor barbarie, en el claustro”.

Seria paradójico el indulto como respuesta a modo de premio frente a una involución democrática de quienes precisamente en su sueño romántico, ignorando la Constitución, desean retornar a la época de los “derechos medievales”, donde tal prerrogativa era la máxima manifestación de la arbitrariedad acorde a los particulares intereses de los monarcas, aspecto que no se corresponde precisamente con la regulación de tal figura legal, por lo que para evitar esa arbitrariedad, en último extremo, la última palabra la tendrán nuevamente los Tribunales por mucho que le pese al Gobierno, es decir no hay “un tiempo” de la política que anule la potestad judicial como manifiestan algunos palmeros pues las constituciones están precisamente para evitar esa impunidad de unas concretas anacrónicas castas que inversamente más bien se asemejan verdaderos parias legales por voluntad propia, “los intocables”, y que pese a ello, tanto los condenados en prisión, como el fugado de la justicia desde el extranjero parecen marcar las pautas tanto de la política local como nacional. Recuerden Spain is different: ¡democratic, very democratic”!.

 

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