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El Terror revolucionario: 1793-1794

Bandera de Francia
photo_camera Bandera de Francia

Pudo más el terror que la razón, la ira nubló la conciencia de los hombres -y todo lo bueno que en ella habitaba- y los derechos naturales del hombre, los derechos del ciudadano, como la libertad, la seguridad, la propiedad se disolvieron entre la furia y el pavor. Leí, no hace mucho, algunos documentos antiguos de franceses que lograron llegar a España. Podía percibirse el grado de angustia que sufrieron en sus vidas. Hay una zozobra interior que solo encuentra cobijo en la ventura que les deparaba otras naciones desconocidas, un camino sin retorno, pero, en suma, un camino de esperanza.

La incomprensión ante unos acontecimientos políticos inauditos y de unos hombres que no respetaban la ley: ni la vieja ley del l'Ancien Droit, ni la nueva ley de los derechos revolucionarios. Nadie podía esperar un nuevo día si no con la inquietud de lo imprevisto, o por así decir, por lo incierto de un futuro, muchas veces, en manos de turbas sumidas en instintos.

Se calcula que más de 41000 personas fueron asesinadas y 500.000 fueron detenidas (Price, 2016) entre 1793 a 1794. Cifras que son defendidas por los historiadores clásicos. Los más modernos elevan esa cifra a 500.000 personas, como Pierre Chaunu, que incluye el genocidio ideológico de la Vendeé. Martin y Secher reducen esa suma a los 250.000 muertos

Este periodo fue llamado «Le terreur», El Terror, iniciado el 5 de septiembre de 1793 hasta mayo de 1794. Le sigue otro llamado «Le Grand Terreur», El Gran Terror, más exacerbado, desde junio de 1794.

Para algunos autores la fecha de inicio de esta cruenta etapa comienza desde el asesinato de Luis XVI el 21 de enero de 1793. Muchos nobles, sacerdotes, oficiales de la armada y del ejército, así como propietarios, profesionales y opositores a la revolución huyen hacia Alemania, especialmente a Coblenza, España, Italia, Saboya y Suiza.

Algunos otros, como Melanie Mettra (2017) lo retrotraen a 1792, cuando ante las derrotas del ejército francés la comuna insurreccional de París, temerosa de la llegada del ejército extranjero y, bajo la sospecha de que los presos serían liberados, asalta las prisiones entre el 2 y el 6 de septiembre y masacra a 1300 cautivos: sacerdotes, miembros de la nobleza, contrarrevolucionarios… En septiembre de este año en la ciudad de Neuville-aux-Bois (Loiret) se describe así la situación (Bouloiseau, 1980):

« […] La anarquía ha llegado al sumun, ya no se reconoce la autoridad. La administración está envilecida y sin fuerzas para hacerse respetar (...) Ya solo se amenaza con la muerte (...) En fin, toda esta gente dice que ya no admite ningún género de administración o de tribunales, que ellos tienen la ley y que la harán ejecutar […] ».

Otros la fijan en este mismo año, pero en el momento de la creación del Tribunal Especial Revolucionario en el mes de agosto.

Pero estos hechos extraordinarios proceden también de unos sucesos extraordinarios.

La Convención Nacional fue una asamblea representativa por sufragio universal que sustituyó a la Asamblea Legislativa en 1792. Concurrían principalmente dos tendencias políticas antagónicas: frente a los girondinos, moderados, se oponían los jacobinos, más radicales, que perseguían la imposición de un ideario libertario que en la práctica rompía con todo lo instituido y, en muchas ocasiones, con toda la civilización recibida.

La situación fue insostenible cuando Robespierre alentó a la población de París a la insurrección contra la Convención. El 2 de junio de 1793 junto a 80.000 soldados de la Guardia Nacional la rodearon obligándola a claudicar. 29 diputados girondinos fueron detenidos junto a dos ministros, Clevière y Lwebrun. La agria competencia entre ambos grupos finalizó y se impuso una línea de actuación más expeditiva, más radical Los jacobinos se hicieron con la Convención gracias a los desarrapados de París (Soboul, 1975), conocidos por «sans-culottes» , agitadores populares de los suburbios que introdujeron una línea de actuación política más dura y reprobable porque incorporó el resentimiento, la amargura y el odio que habían sentido todos los días de sus vidas… la ruindad siempre apela a lo monstruoso que habita en algunos corazones.

Hubo declaración de guerra de las monarquías extranjeras contra la Francia revolucionaria desde 1792 y hubo también resistencia de algunas ciudades de Francia.

Ante estos hechos se renueva el Comité de Salud Pública, órgano con potestad ejecutiva que junto al Comité de Seguridad General ordenaba y supervisaba la actividad política de la nación. El Comité de Salud nombró, en julio de 1793, a Robespierre como líder. Comenzó la estrategia no de salvaguardar la revolución sino de imponerla a cualquier precio.

En las ciudades del norte que mostraron resistencia a las nuevas ideas se alcanzaron arreglos pacíficos y se depuso la hostilidad, pero en otras fue necesaria la intervención del ejército revolucionario como en los territorios de la Vendêe, Provenza, Rennes, Brest, Tours, Dijon, Bourges, Angers, Toulousse, Nantes, Burdeos, Lyon, Nîmes, Montpellier, Tolon y Caen.

Las consecuencias sobre las ciudades y sus ciudadanos fueron fatales. Cabe citar a Lyon que sublevada contra la Republica fue condenada a ser arrasada el 17 de octubre de 1793 y se le impuso un nuevo nombre: Ville Afranchie.

En Tolon sus ciudadanos buscaron el amparo de las flotas inglesa y española pero tomada por los revolucionarios se fusiló a una décima parte de la población, 800 personas, cambiando su nombre por el de Port de la Montagne.

En la Vendeé se ha hablado por historiadores de genocidio debido a sus inclinaciones realistas y su rechazo a las ideas revolucionarias. Para Mayer (2014) la Vendeé constituye un ejemplo único en toda la nación francesa de un pueblo que defendió sus tradiciones con arrojo y una entrega al combate que rayó lo épico. Supuso la culminación del crescendo de la furia y la violencia, de aquellos que querían conservar lo que de siempre tuvieron y amaron durante siglos contra quienes quisieron destruirlo e imponer otro muy diferente.

Se ha calificado lo sucedido allí como una sangrienta guerra civil que perduró más allá de la derrota de los católicos porque el territorio favorecía el uso de guerrilla. Los excesos cometidos no fueron barridos por el tiempo y el tiempo no los olvidó. Su resistencia frente al enemigo obligó a las autoridades a mantener el Antiguo Régimen en la esfera religiosa. Conservaron sus sacerdotes y sus altares en un logro muy cruento pero que salvó mucho de lo católico de Francia. Esta confrontación tuvo mucho de guerra religiosa que enseñó a la Convención la relevancia y la impetuosidad de una fe que creían perdida.

Violencia organizada, vigilada, supervisada.

El terror instituido por el Estado se canalizo a través de dos leyes.

La Ley Pradial o Ley de Sospechosos publicada en el Decreto de 17 de septiembre de 1793, relativo a las personas sospechosas y Ley del Máximo de 29 de septiembre de 1793 que regulaba tanto el suministro de alimentos como los precios máximos de los productos de primera necesidad. Los infractores se consideraban sospechosos de desafecto a la Revolución con las consecuencias punitivas que suponía. Impuso una economía intervenida.

La Ley de Sospechosos publicada en el Decreto de 17 de septiembre de 1793 consideraba sospechoso, en su art. 2 a:

1 ° Aquellos que, ya sea por su conducta, o por sus conexiones, o por sus palabras o sus escritos, se hayan mostrado partidarios de la tiranía (Antiguo Régimen) o del federalismo, y enemigos de la libertad;

2 ° Los que no puedan justificar, en la forma que prescribe el decreto del pasado 21 de marzo, sus medios de existencia y el desempeño de sus deberes cívicos;

3 ° Aquellos a quienes se les haya negado certificados de buena ciudadanía;

4 ° Los funcionarios públicos suspendidos o destituidos de sus funciones por la Convención Nacional o sus comisionados, y no reintegrados, en particular los que hayan sido o deban ser destituidos en virtud del decreto del 14 de agosto último;

5 ° Los de los antiguos nobles y maridos, esposas, padres, madres, hijos o hijas, hermanos o hermanas y emigrados, que no hayan mostrado constantemente su apego a la revolución;

6 ° Los que emigraron en el intervalo del 1 de julio de 1789 a la publicación del decreto del 30 de marzo al 8 de abril de 1792, aunque regresaron a Francia dentro del plazo fijado por este decreto, o con anterioridad.

Este articulo constituyó la implantación normativa de un terror de Estado.

Así comenzó el Terror, un terror, como expuso Bertrand Barére, que debe caer sobre los contrarrevolucionarios para salvar a la República de los peligros que la amenazan, pero también sobre el pueblo, para canalizar su violencia incontrolable mediante la del nuevo Gobierno.

Según el historiador Reynald Secher, se asesinó a personas consecuencia de la política sistemática de exterminio planificada por el Comité Revolucionario de Seguridad Publica y aprobada por la Convención el 1 de octubre de 1793. Toda huella de realismo no debía ser persuadida, sino aniquilada en toda la amplitud de las familias afectadas para evitar la perpetuación de ideas políticas distintas a las oficiales.

No ser sospechoso dependía más de una decisión arbitraria de los elementos revolucionarios que de la propia disposición personal. La norma perseguía neutralizar a los elementos no simpatizantes con la causa: clero que no haya jurado fidelidad a la Revolución- clero nacionalizado, escribía Dumas-, nobleza, realistas y todo aquel que desobedecía la voluntad de los revolucionarios. Se incluyen, como no, los

desdichados que acaparaban la atención de algún revolucionario.

Los certificados de buena ciudadanía eran básicos para realizar una vida con cierta normalidad. En los archivos de municipio de Saint Víctor y Montvianex, pueden encontrase documentados hechos en donde constan negativas a expedir estos certificados sin que se diera a conocer la causa al interesado lo que impedía al ciudadano el ejercicio de su profesión.

La sospecha, tanto por acción como por omisión. Sombrío título para la imputación penal merecedora de la muerte, el pillaje, la violación, la quiebra, la persecución, el exterminio y, siempre, difuminar el concepto de persona moldeándolo como despojo.

Camilo Desmoulins, periodista de Le Vieux Cordelier, prócer revolucionario y ahora hastiado de tanta sangre, describe en sus artículos el drama cotidiano de la sospecha: Simples miradas, la tristeza, la compasión, los suspiros y el silencio. Vestir descuidado o si era pobre también merecía ser vigilado porque no hay nada que infunda más emprendimiento que la pobreza misma. La tristeza ante la muerte de un pariente o la alegría si los negocios eran prósperos generaban inquietud revolucionaria. Si poeta o escritor y con nombre la sospecha se imponía porque restaba notoriedad a los dirigentes… Si un general perdía una batalla era considerado traidor, pero si la ganaba debía estarse atento a sus posibles ambiciones…Un ejemplo de hechos llamados por algunos historiadores como «paranoia revolucionaria» y es que ésta es una de las consecuencias del odio indiscriminado.

Pero hubo otras acciones menos sospechosas y más notorias, actos que traspasaban la sutilidad del indicio para llegar a convertirse en salvajes contundencias. Los asesinatos en masa de Jean Batiste Carrier, representante del Comité de Salud Pública en Nantes es un caso poco conocido.

Los numerosos fusilados o guillotinados producían un elevadísimo numero de cadáveres que atraían enfermedades y debían ser enterrados. Dado el ritmo de ejecuciones no se hacía con la prontitud necesaria. El modo de evitar estos inconvenientes pensó Carrier, fue producir ahogamientos en masa.

Los primeros asesinatos se cometieron con 160 sacerdotes y religiosas maniatados que fueron llevados a los muelles de Nantes y embarcados en barcazas de quilla plana. Dirigidos hacia el rio Loira, a una cierta distancia, con hachas rompían las bandas de babor y estribor para que se hundiera causando el ahogamiento de los tripulantes. El número de víctimas por medio de este expeditivo método alcanzó entre noviembre de 1793 a enero de 1794 a 4860 sospechosos entre hombres, mujeres, viejos y niños según Alfred Lallie. De entre todos ellos solamente se salvó el padre Julien Landeau que, por su preparación para la natación, pudo acercarse a una orilla y darse a la fuga.

Junto a estas acciones que no pueden ser calificadas sino como genocidas aparecen otras más materiales y que tienden a borrar toda huella del Antiguo Régimen.

En agosto de 1792 se ordena por la Asamblea Nacional la supresión de todos los signos del feudalismo empleando el eufemismo: «Los sagrados principios de libertad e igualdad no permiten que los monumentos erigidos queden bajo la mirada del pueblo francés. Orgullo y tiranía».

Se conmina a la destrucción de todo monumento e inscripción o emblema en bronce para convertirlos en fusiles. Seguida por otras disposiciones en 1793 en las que se intima a la destrucción de los emblemas de la realeza y a la profanación de las tumbas reales en la Abadía de Saint Denis.

Se arrasan castillos, mansiones, abadías , catedrales y toda construcción que revele su origen nobiliario o religioso junto a otras representaciones artísticas del pasado. Esta actividad era ordenada por el Comité de Seguridad Publica. Se encuentra documentada una orden dirigida a sus agentes de distrito resaltando la importancia y la necesidad de hacer desaparecer por completo los signos del pasado: «Es necesario que la huella y la sombra de la piedra no pueda recordar su memoria, un color oscuro debe uniformar la superficie de las paredes».

Frente a esta vorágine destructiva surgió un contrapunto, Alexandre Lenoir, arquitecto francés que durante este periodo revolucionario luchó contra la destrucción de cientos de obras del patrimonio cultural salvando muchas de ellas que hoy pueden contemplarse. La destrucción de lo estético y lo armónico solo sirvió para construir tenebrosas ruinas sin que los nuevos gobernantes ofrecieran otras cosas que cenizas y olvido. Un tributo nada despreciable al vacío que la furia produce.

En noviembre de 1793 se ordena la clausura de templos en Paris, decisión que es rápidamente adoptada por el resto de las autoridades en todo el país y se ordena destruir vestigios religiosos denominados de «superstición». Es necesario que el más mínimo rastro de despotismo o feudalismo desaparezca del suelo de la Libertad, explica un documento de la época en el departamento de Puy de Dóme.

En esta localidad como en otras, cabe presumir, se entregaron campanas de las iglesias para ser fundidas y construir cañones, así como cruces de S. Luis a las autoridades revolucionarias.

Hay una clara voluntad de revertir todo lo aprendido y asumido por la tradición y el paso del tiempo. Se quiso implantar la educación obligatoria, laica y dirigida por el Estado mediante un decreto de diciembre de 1793.

Se instaura una nueva medida del tiempo diario basado en el sistema decimal y en noviembre de 1793 se implanta un nuevo calendario cuyos meses van referidos a labores agrícolas o fenómenos atmosféricos.

Nuevas fiestas cívicas sustituyen a las religiosas:14 de julio, Día de la Federación; 10 de agosto, Dia de la Unidad y de la Indivisibilidad; 26 de agosto, Dia de la Declaración de los Derechos del Hombre; 2 de septiembre, Dia de la Década y la épica creación del Dia del Razón o del ser supremo, el 10 de noviembre, obra de Robespierre…

Documentos oficiales ordenan celebrar las nuevas festividades elaborando escritos en donde datar a los ciudadanos obstinados en seguir guardando las fiestas religiosas. Pero también a aquellos que no observan las nuevas conmemoraciones revolucionarias…

En julio de 1794 se inicio lo que se denomina «El Gran Terror» que se extendió por toda Francia en menos de 15 días. Se temía por los campesinos medidas contrarrevolucionarias incitadas por los nobles, como el envío de bandoleros que nunca aparecieron. Pero armados como estaban no despreciaron la ocasión para enarbolar una destrucción de todo como huida hacia adelante para evitar el enfrentamiento con un enemigo inexistente. Tanta maldad se ocasionó que solo la sombra de su recuerdo generaba pánico en los propios protagonistas.

La Ley 10 de junio de 1794 exorbita el frenesí homicida pues los sospechosos son juzgados sin defensor, sin testimonios y sin escritos y con un único veredicto: la muerte sin ningún otro castigo más leve. El Gran terror solamente terminó por el ajusticiamiento de Robespierre en la guillotina el 28 de julio de 1794.

Sin embargo, todo este sacrificio de vidas resulto infructuoso pues el absolutismo del Antiguo Régimen siguió incólume ahora administrado por obstinados en derribarlo bajo el lema de libertad e igualdad.

Los revolucionarios no fomentaron políticas económicas para rescatar de la hambruna a la población, sino que sus esfuerzos se dirigieron a un exterminio sistemático de elementos contrarrevolucionarios. Francia hizo frente a las potencias extranjeras y a finales de 1793 había derrotado prácticamente a todos los intervinientes. El miedo a lo extranjero cesó, pero lo asombroso fue la agudización de la persecución contra los disidentes que prosiguió animosa y crescendo.

La gobernación sobre las tradiciones dio paso a una gobernación de la burguesía construida sobre los elementos más desfavorecidos de la sociedad. La democracia directa es un hecho constatable y el populismo se materializó en forma de terror que destruyó a la propia Revolución.

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