AHORA. La acusación pide a la juez que impute a Simón por "flagrante dejación de funciones" en la crisis del covid-19

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón

La juez del 8-M Carmen Rodríguez-Medel ha recibido en las últimas horas una solicitud formal de imputación de Fernando Simón.

El abogado Víctor Valladares, en representación de la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, ha solicitado este jueves a la instructora que impute al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES) por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio. 

Además, ha presentado una ampliación de denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para que sea investigado por un delito contra las libertades públicas tipificado en el artículo 514 del Código Penal.

En concreto, el denunciante destaca las "contradicciones" del médico sobre "la utilización obligatoria de mascarillas, la necesidad de la realización de tests serológicos, la falta de información veraz del número de fallecidos por coronavirus, la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia del virus, afirmando que habría hechos aislados, y nunca de contagio local, cuando ya contaba con Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea".

Asimismo, el letrado Víctor Valladares destaca que Simón "animó a la asistencia de la marcha feminista del 8M, pese a que el coronavirus en España se encontraba desbocado"

La acusación subraya que "debido a causas de salud pública, en diversas reuniones con convocantes de eventos multitudinarios en las fechas objeto de investigación, Simón manifestaba la imposibilidad de su celebración, pero por otro no solo es que permitiera, sino que alentaba a acudir a manifestaciones multitudinarias, tales y como la feminista del 8-M, contraviniendo por ello sus funciones y obligaciones contenidas en la Orden Ministerial de 2004", por la que se establece el Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo.

Los denunciantes resaltan el criterio dispar del facultativo a la hora de permitir o prohibir manifestaciones y reuniones multitudinarias en los días previos al decreto del estado de alarma.

Valladares destaca "la actitud eminentemente dolosa de Simón con la prohibición de la celebración de unas manifestaciones absolutamente cercenadas por informes de la OMS, UE y el propio CCAES y Ministerio de Sanidad con la permisividad de la celebración de otras, incluso animando a su presencia como ocurrió en la manifestación feminista de Madrid del 8 de marzo".

 

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