Casado acusa de “totalitarismo inadmisible” a Bolaños y exige su cese

Para Casado, esas palabras son “un ataque a la democracia y al Estado de derecho”

El ministro de Presidencia, Felix Bolaños | Europa Press.
El ministro de Presidencia, Felix Bolaños | Europa Press

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido la destitución del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por negarse a reformar la ley para que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento.

En una entrevista en la Cadena SER, el ministro ha rechazado las exigencias del PP para la elección de los consejeros en la carrera judicial alegando que "no se puede hacer compartimentos estanco con los poderes del Estado" y que en un Estado de Derecho y en una democracia plena "ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos".

Para Casado, esas palabras son "un ataque a la democracia y al Estado de derecho", por lo que opina que Bolaños "debería ser cesado". "Un totalitarismo inadmisible", ha escrito en la red social Twitter.

El responsable de Justicia del PP, Enrique López, que también es consejero en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, ha criticado también las palabras del ministro en otro mensaje de la misma red social.

"Cuádruple confesión de Bolaños, que revela el auténtico programa de Sánchez para el poder judicial: no van a estudiar las propuestas del principal partido de la oposición, no confían en los jueces españoles, no quieren cumplir la Constitución y no creen en la democracia", ha escrito en un mensaje.

Abandonen toda esperanza, dijo el PP

El PP ya avisó esta semana que no iba a aceptar una renovación del CGPJ que no se hiciera cambiando las reglas y permitiendo que los doce vocales de la carrera judicial fueran elegidos por los jueces y magistrados sin control del Parlamento. "Abandonen toda esperanza", recalcó Casado en un acto en Barcelona.

El CGPJ, cuyos consejeros fueron nombrados cuando gobernaba el PP, ha cumplido ya 1.000 días con el mandato caducado y las negociaciones están bloqueadas ya que, conforme a la legislación actual, es imprescindible que en el acuerdo participen al menos los dos partidos mayoritarios.

 

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