El G-7 llega a un acuerdo para reformar el sistema fiscal global
Las claves ahora pasan por conocer la 'letra pequeña' aún sin concretar y la aceptación por parte de las grandes economías en desarrollo
Los ministros de Finanzas del G-7, el grupo que incluye a las siete potencias económicas desarrolladas del mundo, han alcanzado este fin de semana un acuerdo para llevar a cabo una reforma coordinada de la fiscalidad a nivel global.
Países como EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia se declararon orgullosos de lo que consideran "un avance histórico".
Incluso empresas como Google o Facebook, contra las que se supone que se dirige la medida, dieron la bienvenida a la reforma.
Las claves ahora pasan por conocer la 'letra pequeña' aún sin concretar y la aceptación por parte de las grandes economías en desarrollo que no están representadas en el G-7 y otras de baja tributación como Irlanda.
“Facilitaremos la coordinación apropiada entre la aplicación de las nuevas normas impositivas internacionales y la retirada de todos los impuestos sobre servicios digitales, y otras medidas relevantes similares, sobre todas las compañías. Nos comprometemos a un impuesto mínimo global de al menos el 15%, aplicado por cada país”, afirma el texto resultado de la reunión.
Estados Unidos quería la eliminación inmediata del gravamen digital, pero sus aliados europeos temían que de ese modo las grandes tecnológicas pasarían a pagar ya menos, mientras el Congreso estadounidense tardaría aún tiempo en aprobar la legislación derivada del nuevo acuerdo.
A cambio de impulsar el impuesto mínimo, Estados Unidos accede a una demanda histórica del resto de naciones avanzadas. El acuerdo establece que aquellas grandes compañías que obtengan “un margen de beneficios del 10% o más” deberán pagar al menos un 20% de los impuestos sobre sus beneficios globales en los territorios donde operen, y no solo donde tengan la sede social.
Queda por decidir el listado definitivo de “grandes compañías” que quedarán sometidas a la nueva medida.
“El dumping fiscal no puede ser una opción en Europa ni en ningún país del mundo”, afirmaban en el texto la española Nadia Calviño, el francés Bruno Le Maire, el alemán Olaf Scholz y el italiano Daniele Franco.
“Esta práctica solo llevaría a una caída aún mayor de la recaudación del impuesto sobre sociedades, más desigualdad y la imposibilidad de financiar los servicios públicos básicos”. Denunciaban los cuatro la práctica llevada a cabo por las grandes tecnológicas de desplazar sus beneficios globales a aquellos territorios ―Irlanda, por ejemplo― que les ofrecen mayores ventajas fiscales.
Eso a pesar de que su presencia es ya global, y sus ventas y beneficios son particulares en cada país concreto.
