El Gobierno y los agentes sociales han cerrado este lunes un principio de acuerdo para sacar adelante la primera parte de la reforma de pensiones
Incluye la derogación del factor de sostenibilidad, la revalorización con el IPC y penalizaciones para la jubilación anticipada
Tras la reforma negociada en 2011, las pensiones habían sido un foco de conflicto y desencuentro no sólo político, sino también social.
Este primer bloque incluye la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, supone que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación y plantea incentivos para acercar la edad real de jubilación a la legal. La idea del Ministerio de Seguridad Social es que la reforma aterrice en el Congreso en julio, que sería declarado mes hábil.
El Gobierno de Mariano Rajoy legisló en 2013 sus modificaciones de la jubilación de manera unilateral, como el nuevo mecanismo de las subidas anuales del 0,25%, sin el respaldo de los agentes sociales.
Tampoco del resto de formaciones políticas en el Pacto de Toledo, que es la comisión parlamentaria que se creó a comienzos de los 90 para sacar las pensiones de la batalla política y buscar el máximo consenso político en esta materia, clave del Estado del Bienestar.
Tras un encuentro para resolver "los últimos flecos", el Gobierno ha logrado el 'sí' de las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y CC.OO. a un acuerdo en el que llevaban meses trabajando y cuyos aspectos más importantes ya estaban cerrados desde hace semanas.
Este primer acuerdo de pensiones tiene cambios en varias direcciones. Por un lado, se derogan los dos elementos clave de la reforma unilateral de pensiones de 2013, se retoman las subidas anuales según el IPC para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, se acuerda el apoyo presupuestario vía impuestos de la Seguridad Social y se pactan varias medidas de incentivos para fomentar que se amplíen las carreras laborales y se retrase la edad efectiva de jubilación.
Nuevo mecanismo para revalorizar las pensiones
se pone fin al llamado índice de revalorización de las pensiones de la reforma del PP de 2013, que provocaba las subidas anuales del 0,25%. Se acuerda garantizar el poder adquisitivo de las pensiones según el IPC, con subidas de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior. En caso de que el IPC sea negativo, las pensiones no bajarán. Los agentes sociales se comprometen a evaluar este mecanismo, cada "cinco años", de la que informarán al Pacto de Toledo.
Se deroga el factor de sostenibilidad
El pacto incluye la derogación del segundo elemento clave de la legislación de pensiones del Gobierno de Rajoy, el factor de sostenibilidad, que no llegó a aplicarse nunca y que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, lo que se preveía que ocasionara una merma en las pensiones futuras. El Gobierno y los agentes sociales han acordado iniciar "inmediatamente" la negociación del índice de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad y que operará a partir de 2027. El nuevo índice, del que el ministro Escrivá apenas ha adelantado detalles, se incorporará al proyecto de ley de este primer bloque de cambios antes de que la norma entre en vigor, en enero de 2022. El diálogo social tiene margen para negociar hasta noviembre de este año. Si no llegan a un consenso al respecto, el Gobierno incluirá el índice que considere.
Desincentivos a la jubilación anticipada
Se modifican las penalizaciones a la jubilación anticipada voluntaria, que pasan a ser anuales en lugar de trimestrales. El cambio busca sobre todo evitar las salidas anticipadas en los dos primeros meses en que está disponible (a partir de dos años antes de cumplir la edad legal de jubilación, por tanto el mes 23 y 24). En esos dos meses, las penalizaciones aumentan respecto a las actuales, pero a partir del mes 22 disminuyen y reducen menos la pensión que el actual sistema de desincentivos.
Para los trabajadores que tienen salarios altos y se prevén jubilar con la pensión máxima, las penalizaciones se equipararán a las que se aplica al resto de empleados (es decir que subirán porque ahora en la práctica se quedan en el 4% respecto al 16% general), pero se hará de manera progresiva y a partir de 2024. Además, y esto es fundamental, el acuerdo con los agentes sociales incluye que el aumento en las penalizaciones para estos trabajadores de salarios altos se producirá al mismo ritmo que aumente la pensión máxima, de manera que se "absorba" el incremento y "la pensión reconocida no sea inferior a la que le habría correspondido con la aplicación de las reglas vigentes en 2021".
Mayor acceso a la jubilación anticipada involuntaria
Se incluyen nuevos supuestos para acceder a la jubilación anticipada involuntaria (con menores penalizaciones y a la que se puede acceder con más anticipo respecto a la voluntaria), que también pasará a tener coeficientes reductores mensuales y no trimestrales. Las penalizaciones o se mantienen o mejoran respecto al sistema actual, destacan en los sindicatos. Se añade por ejemplo a personas que estén cobrando el subsidio por desempleo en el momento de jubilarse de manera anticipada desde hace, al menos, tres meses.
Se premia más la jubilación demorada
Otra vía para fomentar la ampliación de las carreras laborales es el mayor premio al retiro demorado (más allá de la edad legal de jubilación). Se premiará más con incentivos económicos que podrán elegirse: entre un aumento de la jubilación del 4% por cada año de retraso, una cantidad de dinero en el momento de la jubilación que puede llegar a los 12.000 euros o una combinación de ambas.
Más restricción a la jubilación forzosa
En general, no podrá acordarse la jubilación forzosa en convenios colectivos de trabajadores con edad inferior a los 68 años. Para acordarla, la empresa tendrá que contratar a cambio a una persona con un contrato fijo. Este criterio general tendrá algunas excepciones, en el que algunos sectores podrán acordar por convenio jubilaciones forzosas a partir de la edad de jubilación.
Apoyo de la Seguridad Social vía Presupuestos
El pacto incluye también el compromiso de que la financiación de la Seguridad Social será apoyada en los próximos años de la legislatura a través de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, vía impuestos. Los Presupuestos asumirán partidas que hasta el momento pagaba la Seguridad Social por valor de unos 21.000 millones de euros anuales.
Otras medidas complementarias
El acuerdo con los sindicatos y patronales incluye compromisos importantes en varias materias, aún no llevados a la práctica, entre los que destacan el compromiso de equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios, la promesa de que los becarios cotizarán a la Seguridad Social en el plazo de tres meses (aunque hagan prácticas no remuneradas), para lo que se apoyará a las empresas con bonificaciones del 75% y adelanta la futura aprobación del sistema de cotización de los autónomos según sus ingresos reales (aún por pactar los detalles), que se aprobará en 2022, "sin producir efectos económicos hasta 2023" y con un despliegue progresivo "hasta un máximo de nueve años".
