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El Gobierno justifica el mitin de la directora de la Guardia Civil porque la neutralidad se exige sólo a los agentes

La argumentación del Gobierno se remite al Acuerdo 91 de la Junta Electoral Central, de 1 de mayo de 2021, que indica que la directora general no forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

María Gámez y Fernando Grande-Marlaska (Foto: Jesús Hellín / Europa Press).
photo_camera María Gámez y Fernando Grande-Marlaska (Foto: Jesús Hellín / Europa Press).

El Gobierno ha defendido la participación de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en los actos de la campaña del PSOE a la Comunidad de Madrid al entender que la neutralidad es exigible sólo a los agentes del Instituto Armado.

"La neutralidad política y sindical sólo es predicable y exigible por quienes ostentan la condición de Guardia Civil", señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria por escrito con fecha de 24 de mayo.

La argumentación del Gobierno se remite al Acuerdo 91 de la Junta Electoral Central, de 1 de mayo de 2021, que indica que "la directora general no forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y carece de graduación en el Instituto".

Contesta de esta forma a una batería de preguntas del PP, que cuestionaba la idoneidad de que María Gámez participara junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la campaña del candidato socialista en los comicios madrileños, Ángel Gabilondo, en un contexto en el que se denunció las amenazas por el envío de varias cartas con balas.

El Ejecutivo cita el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, y donde figura que la titular de la Dirección General de la Guardia Civil es "un alto cargo del Ministerio con rango de Subsecretaría y, en ningún caso, se le atribuye la condición de agente u oficial de la Guardia Civil".

En este sentido, se menciona el artículo 3 de la Ley 29/2014, de régimen de personal de la Guardia Civil, y la Ley Orgánica 11/2007, de derechos y deberes de los miembros del Instituto Armado, que establece en su artículo 18 que "los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales".

El PP había pedido explicaciones al Gobierno por si entendía que todos los guardias civiles debían mantener la neutralidad en el ejercicio de sus funciones, "excepto su directora general".

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