José Manuel Franco declara el miércoles como imputado por permitir el 8-M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declara este miércoles ante la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.

La declaración, que tendrá lugar a partir de las 15.30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, de forma presencial, se celebrará justo después de conocer el segundo informe de la Guardia Civil, que asegura que la Delegación del Gobierno de Madrid tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde "mediados de febrero", cuando los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya comenzaron a reunirse para adoptar medidas concretas para evitar contagios entre el personal.

Esto contrastaría con el argumento de la Delegación del Gobierno, que defiende que no tuvo ninguna noticia o alerta sobre el riesgo de contagio por el virus hasta el pasado 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria.

Asimismo, la Guardia Civil también cuestiona que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el pasado 2 de marzo.

Ante el intento de varias acusaciones populares de acusar a Simón, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha avisado ya en varias resoluciones que no le va a investigar porque "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas por José Manuel Franco relacionadas con la crisis sanitaria.

Los informes del Instituto Armado han suscitado una crisis política por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M. Este hecho ha sido criticado duramente por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.

Todo ello coincidió con un oficio que envió la magistrada a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que se inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas. Así, advirtió que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

Después de la declaración de José Manuel Franco será el turno del secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas, quiénes comparecerán también el miércoles en calidad de testigos.

Al día siguiente, a partir de las 09.00 horas, la magistrada continuará con la ronda de testigos y escuchará a otros cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez; el jefe de sección del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativo del servicio María Lourdes Andrés y María Elena García Díaz; y el jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.

Después comparecerán tres promotores de manifestaciones Javier Gómez Ochoa, de CC.OO. Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de 'Anonymus for the voiceless Animal Save'; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.

Las declaraciones continuarán por la tarde cuando acudirán a la sede judicial los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Son: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.

La juez Rodríguez-Medel comenzó a investigar al delegado del gobierno tras admitir el pasado 23 de marzo una denuncia presentada por un particular por el presunto delito de prevaricación administrativa por permitir manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo, supuestamente obviando las recomendaciones de organizaciones sanitarias, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que emitió seis días antes del 8-M un informe en el que alertaba del riesgo de contagio.

Para esclarecer si Franco omitió esos informes, así como recomendaciones de las autoridades sanitarias, pidió a la Guardia Civil un informe al respecto y al médico forense adscrito al juzgado que analizará si las manifestaciones "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".

El perito concluyó que, aunque es "cierto y seguro" que, de haberse impedido la manifestación del 8-M en Madrid, "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad", no existe "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus.

Explica que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus de Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc".

Por este motivo, la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acordó retirar de la imputación inicial por el delito de lesiones imprudente y continuar la investigación por el presunto delito de prevaricación administrativa.

No obstante, la magistrada, tras recibir el primer informe de la Guardia Civil, acordó remitir de nuevo la causa al médico forense por si considera preciso "ampliar" su informe.

Para la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, la única explicación que tiene devolver el informe al perito es poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes. Según argumentó en un recurso, ni el forense basa sus conclusiones en datos "objetivos" o "científicos", ni tampoco la Guardia Civil, a la que acusa de elaborar un atestado con "claro sesgo acusatorio".