José Manuel Franco declara que no vio riesgo en la celebración del 8-M
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, imputado por un delito de prevaricación por autorizar el 8M, ha declarado este miércoles ante la juez Carmen Rodríguez-Medel que no vio riesgo en la celebración de la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer.
Franco, defendido por la Abogacía del Estado, es el único dirigente político investigado en este procedimiento. En su declaración, que ha comenzado a las 15:30 horas y ha finalizado a las 17:00 horas, el delegado del Gobierno ha subrayado que no tiene competencias en materia sanitaria sino tan solo en cuestiones de orden público.
Al término de su comparecencia, Franco ha atendido a los medios de comunicación en las puertas del juzgado y ha señalado que ha defendido hoy ante la juez "la actuación del delegado del Gobierno, que ha sido con arreglo a la Ley y a las noticias que se iban teniendo por parte de los expertos de la evolución del coronavirus".
El investigado también ha señalado a los periodistas que "en absoluto se considera responsable del 8-M porque en aquel momento no había ningún elemento que le llevara a prohibir un derecho fundamental y en concreto la manifestación" del Día de la Mujer. "Se hizo lo que en aquel momento marcaba la Ley", argumentó.
Su comparecencia se ha celebrado después de que la instructora haya rechazado en las últimas horas archivar el procedimiento desoyendo a la Fiscalía y a la abogada del Estado Rosa María Seoane.
Ni el informe de la Guardia Civil, cuya repercusión se disparó con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia madrileña, ni el del forense benefician al delegado del Gobierno, al que se acusa de no haber impedido las concentraciones pese a supuestamente conocer la peligrosidad de contagio que ello suponía.
No obstante, en un primer informe, el forense consideraba imposible establecer la causalidad entre la asistencia a la manifestación del 8-M y resultar infectado por el covid, lo que llevó a la magistrada a retirar de la imputación de Franco el delito de lesiones imprudentes, con lo que se redujo al de prevaricación administrativa, que no prevé cárcel.
Tanto la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del imputado, como la fiscalía recurrieron sin éxito la apertura de la causa y la imputación de Franco. La jueza ya ha rechazado las impugnaciones, pero la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid.
Tanto la Abogacía como el ministerio público consideran imposible atribuir al delegado del Gobierno un delito que implica la toma de una decisión arbitraria y contraria a la legislación, lo que resulta complicado por el mero hecho de no prohibir el ejercicio del derecho fundamental de manifestación
La instructora de Plaza de Castilla ha mantenido la imputación y citación del dirigente socialista tras recibir dos extensos atestados de la Guardia Civil y un exhaustivo informe forense donde se cuestiona la actuación de la Delegación del Gobierno al permitir la marcha del Día de la Mujer en plena expansión del coronavirus.
En la causa son acusación la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.
