JUPOL quiere impulsar una reforma legislativa para endurecer las penas por agredir a policías

El incremento de estas agresiones se debe a la percepción en los agresores de ausencia del principio de autoridad

El sindicato JUPOL ha decidido impulsar una reforma legislativa con la que se endurezcan las penas para quienes agredan a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras denunciar dos nuevas dos nuevas agresiones este lunes contra agentes de la Policía Nacional en Zaragoza.

La organización sindical solicitará imponer penas más contundentes en los delitos de atentado contra la autoridad, así como, multas de mayor cuantía. También, pedirá incluir en el Código Penal todo tipo de agresiones que se lleven a cabo contra los agentes de la Policía Nacional.

En este contexto, la legislación actual castiga, según el artículo 550.2 del Código Penal, con "penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos".

Ante este tipo de agresiones y en defensa de todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, el sindicato JUPOL ha anunciado que se personará como acusación particular en los procesos judiciales relativos a agresiones contra agentes de la Policía Nacional.

Incremento de agresiones a agentes

Según los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Seguridad durante el año 2020, recogidos por JUPOL, los delitos contra la autoridad aumentaron en un 24 por ciento y alcanzaron las 8.254 denuncias. En el 2021, la cifra supera las 6.000 agresiones en los primeros nueve meses del año.

Por eso, esta reforma legislativa debe ir encaminada, según el sindicato, a acabar con la sensación de impunidad que tienen actualmente los agresores en una situación que se ha intensificado este año.

Para JUPOL, el incremento de estas agresiones se debe a la percepción en los agresores de ausencia del principio de autoridad con el que cuentan los agentes de la Policía Nacional. Una sensación que se debe a la falta de contundencia en la legislación vigente, lo que genera una sensación de impunidad en los agresores.

 

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