PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de Ciudadanos aprueban los planes de reconstrucción

Los planes para reactivar el país tras la pandemia salen adelante gracias a la mayoría que han conformado las dos fuerzas gubernamentales -PSOE y Unidas Podemos- más Ciudadanos.

En total, 165 votos suficientes para aprobar los cuatro dictámenes -económico, social, sanitario y europeo- elaborados por los grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción.

El abandono de Vox, que se retiró de la Comisión en su tramo final, ha facilitado el rodillo de los partidos que sostienen al Ejecutivo, que apenas han aceptado una quinta parte de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

El debate de los cuatro documentos de trabajo se ha desarrollado entre fuertes críticas a los planes del Gobierno tanto desde las minorías como desde la derecha y las fuerzas independentistas y nacionalistas, y ello a pesar de que en las últimas horas desde la Moncloa se aceptaron algunas enmiendas que imprimían ciertos tintes de izquierda -ecologistas, de género, en favor de lo público, fiscales...- a los textos con el objetivo de evitar un choque frontal con grupos que hasta ahora han sido sostén del Ejecutivo.

Finalmente, ese enfrentamiento no quedó neutralizado, como tampoco se pudieron superar las discrepancias con el PP, un partido que, a la espera de que la propuesta definitiva de plan de reconstrucción llegue al pleno del Congreso incluyendo iniciativas suyas, ha optado por no dar respaldo a ninguno de los cuatro dictámenes.

Ni siquiera votaron a favor del referido a sanidad, en el que su postura y la de los socialistas es cercana. De momento, los planes para la reconstrucción no son fruto de un amplio consenso.

Las intervenciones de las distintas formaciones en la Comisión han puesto de manifiesto que los puntos introducidos en última instancia en los documentos pactados entre PSOE y Podemos no satisfacen a prácticamente nadie: ni a los aliados de izquierda que los consideran muy insuficientes ni por supuesto a los grupos nacionalistas y de la derecha que lamentan la ausencia casi total de sus aportaciones.

Desde la izquierda más radical se ha criticado con dureza que en el dictamen económico no se recoja la derogación inmediata de la reforma laboral pese a que el Gobierno se comprometió a ello, con firma incluida, con la formación abertzale. El reproche sobre esta cuestión ha sido tan firme que obligó al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a garantizar que "a la reforma laboral del PP no le quedarán ni los palos del sombrajo".

Las principales quejas al documento económico han girado en consecuencia en torno a la derogación o no de la reforma laboral, la ausencia de una memoria económica que aporte "músculo" a las medidas planteadas, la escasa concreción en relación con los impuestos -unos exigen subidas y otros bajadas-, las medidas para potenciar el empleo y el desbloqueo del superávit de los ayuntamientos.

Este último punto, a instancias de JxCat, logró aunar finalmente el respaldo de todas las fuerzas políticas a excepción del PSOE y, en consecuencia, ha quedado incorporado al documento de conclusiones.

En este texto, el de mayor calado, apenas se aprecia la huella del primer partido de la oposición al que las fuerzas gubernamentales -PSOE y Unidas Podemos- sólo han aceptado un pequeño puñado de enmiendas. Esta falta de entendimiento lastra gravemente un proyecto de largo alcance que debería contar con el consenso fundamental de las dos mayores formaciones políticas.

En las modificaciones que se introdujeron finalmente en este documento se percibe la mano de formaciones como Más País, Compromís, Teruel Existe, PNV, JxCat, ERC y Ciudadanos.

Así, se destilan condicionantes para las empresas que accedan a las ayudas y subvenciones públicas, ya sean nacionales o procedentes de la Unión Europea; el principio general de primar el peso del sector público en aquellas áreas en las que exista colaboración con lo privado y una tendencia clara a la subida de impuestos con el objetivo de reducir los siete puntos de brecha fiscal que separan a España de la media europea.

En este último terreno, el documento señala futuros aumentos en impuestos sobre la "riqueza" como el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, gravámenes de los denominados "verdes" y supresión de privilegios como los que afectan a las Sicav.

Los márgenes de las futuras subidas no se precisan, de la misma manera que se deja en el aire de forma imprecisa la posibilidad de que esta subida se extienda a otros tributos mucho más generales como el IVA o el IRPF. Así este capítulo ha suscitado la crítica, por motivos claramente opuestos, tanto de la derecha como de la izquierda.

Las empresas, según los últimos cambios incluidos en el texto, también se verán afectadas. En este apartado han triunfado las tesis de Más País, una fuerza que sólo tiene dos escaños en el Congreso pero que ha logrado imponer en el frontispicio del dictamen económico una enmienda en virtud de la cual las empresas, fundamentalmente las grandes, que reciban ayudas, subvenciones o sean rescatadas tendrán que cumplir con importantes condiciones y además estarán obligadas a suprimir el reparto de dividendos durante dos años.

Por su parte, el dictamen referido a la sanidad ha recabado un aluvión de reproches en relación con la recentralización de competencias, la ausencia de financiación y la no aceptación de diversas medidas de unos y otros encaminadas a fortalecer el sistema sanitario, principalmente, en lo que tiene que ver con la atención primaria, la creación de una Agencia Pública de Salud y la formación de una reserva de sanitarios voluntarios para hacer frente a las emergencias.

Este dictamen, sin embargo, podría acabar contando con el apoyo de los populares porque algunas de sus propuestas más importantes pueden ser todavía negociadas y acordadas con los socialistas.

En el documento de políticas sociales las críticas se han enfocado principalmente en el veto que se impone a la escuela concertada a la hora de recibir ayudas para superar los efectos de la pandemia y en la ausencia de alusiones a la necesidad de aumentar claramente la financiación de la ley de dependencia. También en este terreno ha habido muchos reproches ante la supuesta pulsión recentralizadora del Estado.

Desde las filas socialistas, la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de los cuatro documentos asegurando que son fruto de un amplio consenso, aunque lo cierto es que el acuerdo se circunscribe de momento a los dos partidos que forman parte del Ejecutivo, Ciudadanos y poco más. Lastra ha querido presentarlos como la base de un proyecto "no de partido, sino de país" y ha lamentado que el PP no se haya sumado de momento al pacto.

En cualquier caso, las negociaciones podrán alargarse un par de semanas más hasta que todo el plan aterrice, después de las elecciones vascas y gallegas, en el Pleno del Congreso a finales de mes.

Es en este margen en el que los populares ponen su esperanza de conseguir matizar e introducir más propuestas y concreciones en un plan que, de lo contrario, no alcanzará el amplio consenso que se pretendía y se limitará principalmente a reforzar, como muchos grupos advierten, las guías fundamentales del programa político del Gobierno.