Política

Llevan meses siendo investigados

Altos cargos de la Generalitat serán acusados de sedición y prevaricación días antes del 1-O

La Guardia Civil está reuniendo pruebas contra representantes del Govern, funcionarios y alcaldes que serán entregadas al juez justo antes del referéndum independentista

Puigdemont firma la convocatoria del referéndum junto a todos los cargos de la Generalitat.
photo_camera Puigdemont firma la convocatoria del referéndum junto a todos los cargos de la Generalitat.

Carles Puigdemont y sus consejeros, así como altos cargos de la Generalitat e incluso alcaldes de diferentes municipios de Cataluña están siendo investigados por la Guardia Civil desde hace meses por la convocatoria del referéndum independentista. El Servicio de Información del Instituto Armado ya ha reunido abundantes pruebas contra ellos por delitos de sedición y prevaricación.

Hace tres semanas, El Confidencial Digital informó en exclusiva de la llegada a Cataluña de 200 agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Su misión: “recabar datos” sobre “todos aquellos que pretenden incumplir la Ley mediante la celebración del referéndum independentista”.

Una labor que se lleva realizando, de forma reservada, desde hace unos cuatro meses y que, según las fuentes consultadas por este diario, empieza a dar sus frutos: “Hay pruebas suficientes para acusar a un elevado número de cargos públicos de varios delitos.

Según explican desde la Benemérita, algunos de los políticos y altos funcionarios investigados podrían ser juzgados por actos de sedición y prevaricación. También hay indicios de otras infracciones como desobediencia, rebelión, usurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos destinados a la realización de la consulta.

Las acusaciones, antes del 1-O

La última palabra, en este sentido, la tendrán los tribunales. Pero la Dirección General de la Guardia Civil, con los informes que recibe periódicamente de los 200 agentes de Información enviados a Cataluña, no tiene dudas: importantes cargos públicos de Cataluña acabarán declarando ante un juez por la consulta ilegal.

Las pruebas recogidas contra éstos durante los últimos meses serán entregadas en un juzgado, cuya identidad no se quiere desvelar desde el Instituto Armado. No obstante, advierten de que el juez “está al tanto de las pesquisas de los guardias y, con todo el material que reciba, actuará en consecuencia”.

El plan de actuación de la Guardia Civil contempla mantener las investigaciones abiertas hasta mediados de septiembre, cuando entregará sus conclusiones en sede judicial. Será entonces, a escasas dos semanas del referéndum independentista, cuando se conozca qué miembros de la Generalitat y otros organismos locales son llamados a los tribunales.

Pendientes del Govern y los ayuntamientos

Las pruebas recogidas hasta el momento “implican” a altos cargos de la Generalitat, a funcionarios,y a miembros de diversos gobiernos municipales, afirman a ECD las fuentes consultadas. Se están revisando “órdenes” dictadas desde el Govern enfocadas a la realización del referéndum independentista, cuyos autores “tendrán que rendir cuentas con la Justicia”.

De momento, añaden, “la firma de Puigdemont y Junqueras solo aparece en la convocatoria de la consulta”. Una prueba “suficiente” para “llevarles a juicio”, aunque los investigadores no descartan que “tengan que implicarse más” y, por tanto, “realizar más movimientos que hasta la fecha”.

Si el presidente y el vicepresidente de la Generalitat “ya están jugando con fuego”, alcaldes y concejales de diferentes ayuntamientos también están “al borde de la imputación” por actos realizados en los últimos meses.

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Importantes consistorios de la región, con gobiernos de CDC y ERC, han comunicado a la Generalitat que el próximo 1 de octubre sacarán las urnas a la calle. Además, han trasladado al ejecutivo regional los datos del padrón municipal para facilitar el censo electoral de cara al referéndum. Una actuación de la que tiene constancia la Guardia Civil.

El dircom de la Generalitat, primer imputado

La acción judicial contra altos cargos públicos, tanto de la Generalitat como de diferentes ayuntamientos, seguirá un procedimiento similar al de la imputación del director de comunicación del gobierno autonómico, Jaume Clotet, anunciada la semana pasada.

La Guardia Civil le notificó que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona había autorizado que fuese investigado. Después de recibir el informe realizado por el Instituto Armado, se decidió proceder contra él.

A Clotet se le acusa de promover el referéndum ilegal a través de la web “pactepelreferendum.cat”, que impulsó desde su departamento, tal y como acreditan las pruebas presentadas ante el magistrado.

Para las imputaciones que van a venir la hoja de ruta será la misma: “La Guardia Civil presentará pruebas ante el juez, actuando como Policía Judicial, y éste determinará los delitos por los que encausar a los cargos de la Generalitat y miembros de diferentes ayuntamientos que están siendo investigados”. 

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