Política

El Banco de España también estará vigilado. El Gobierno lo incluye en la Ley de Transparencia y tendrá que presentar anualmente sus cuentas

Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Casa Real... y también el Banco de España. El Gobierno ha introducido a última hora en la Ley de Trasparencia a la entidad que preside Luis María Linde. El vigilante, vigilado. Las dudas de Bruselas sobre la institución, junto con la conveniencia de ganarse a CiU ante el rechazo del PSOE, han sido claves en esta decisión.

El pasado mes de junio, cuando la tramitación de la ley estaba muy avanzada, PNV y Convergencia i Unió presentaron en el Congreso una propuesta para que la nueva ley incluyera al Banco de España como uno de los órganos sometidos a la supervisión del futuro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Entonces, el Grupo Popular descartó la enmienda presentada por los partidos nacionalistas, aunque anunció que estudiaría la propuesta.

Cambio de última hora

Según ha sabido El Confidencial Digital, el Gobierno ha decidido, a última hora, cambiar de opinión y ha incluido también al Banco de España en la ley.

Para ello, encargó a la dirección del PP en el Congreso que presentara en la Comisión Constitucional una enmienda en ese sentido, cosa que formalizó la semana pasada.

En la modificación, el Grupo Popular presentó la siguiente propuesta de redacción del artículo 2.1, apartado F, que concreta el listado de entidades públicas sujetas a la supervisión de sus cuentas anual:

"La Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”.

Contentar a Convergencia

Según las fuentes políticas consultadas por ECD, el Gobierno presentó esta enmienda, muy similar a las redactadas por vascos y catalanes, por dos principales motivos:

1. La necesidad de pactar con Convergencia i Unió, ante la anunciada abstención del PSOE. El objetivo es sacar adelante la ley, no en solitario, sino con el apoyo de al menos otro grupo parlamentario, lo que requiere hacer algunas concesiones a CiU.

2. Calmar a la Unión Europea, que desde hace tiempo viene mostrando su desconfianza con el Banco de España.

El ‘caso Bankia’ alertó a la UE sobre el Banco de España

Bruselas ya puso hace un año en su punto de mira al Banco de España: exigió al Gobierno que asumiera en directo la última fase de la reforma financiera. El BCE advirtió a Rajoy de que no admitiría más valoraciones de activos inmobiliarios hechas por el organismo supervisor.

Sin embargo, la puntilla fue el escándalo de Bankia. Desde entonces, en la UE se consideró al Banco de España el responsable último del agujero y de la crisis en el sistema financiero español, que, por las dudas sobre la solvencia, puso al país contra las cuerdas ante la presión de los mercados.

Argumentaba que, si el Banco de España lo sabía, y había mirado para otro lado, era muy grave. Pero, si no lo había detectado en los últimos ejercicios, el escándalo resultaba mucho mayor aún.

Se le reprochaba también, sobre todo durante la etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no haber fiscalizado y descubierto antes la mala situación de bancos y cajas, no haber puesto orden en los balances de las entidades financieras, y haber colocado sólo parches al problema inmobiliario.

Con la entrada del Banco de España en la Ley de Transparencia, el Gobierno espera que desde Bruselas se recupere la confianza en la institución, que se verá sometida ahora al control de un organismo superior. El supervisor, supervisado.

Como la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra

Aunque el Banco de España ya no tiene competencias en materia de política monetaria -fueron traspasadas al Banco Central Europeo con la creación del euro-, sus órganos de dirección toman acuerdos de especial transcendencia sobre el sistema financiero.

La publicación de las actas del Banco de España es una vieja reivindicación de sectores profesionales y académicos, que echan en falta mayor transparencia por parte del supervisor, en línea con lo que sucede en Estados Unidos o el Reino Unido, donde tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra publican las deliberaciones e incluso los resultados de las votaciones sobre política monetaria.

En el caso de España, se argumentaba hasta ahora que, al formar parte del sistema europeo de bancos centrales, no pueden publicarse las deliberaciones del BCE sobre política monetaria, ya que podrían conocerse detalles de las discusiones que afectan a los gobiernos nacionales.

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