La ley ‘estrella’ de Caamaño y Conde Pumpido, la de Procedimiento Judicial, morirá en noviembre con la disolución de las Cortes. El Fiscal General sigue batallando

La nueva Ley de Procedimiento Judicial, que pretende sustituir la actualmente vigente, de 1882 y obra de Alonso Martínez, ley ‘estrella’ del ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado, morirá con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales el 20 de noviembre.

A pesar de esa circunstancia Conde Pumpido viene dando hasta el final la batalla por su aprobación. En los últimos tiempos, ha multiplicado artículos en periódicos nacionales: ha publicado columnas con su firma en diarios como El País, El Mundo y La Razón.

El Fiscal General del Estado considera que el cambio del modelo judicial es “una necesidad imperiosa”, porque se están combatiendo con armas jurídicas de hace más de un siglo situaciones que entonces no existían y que ahora resultan especialmente graves, como el narcotráfico, las mafias rusas, los delitos informáticos, el blanqueo de capitales…

La elaboración de un nuevo texto estaba incluida en el Pacto de la Justicia que firmaron hace diez años José María Michavila, entonces ministro de Justicia, y Juan Fernando López Aguilar, portavoz socialista en esa área, pero quedó en nada con el final del pacto.

Según fuentes cercanas al Fiscal General, el sistema judicial vigente está anticuado. España se encuentra prácticamente sola en el panorama penal en el mundo manteniendo que la iniciativa investigadora de los delitos la tengan los jueces, en lugar de los fiscales, algo que no se entiende en los países de nuestro entorno.

Casos como el tráfico de armas, de drogas o de personas (incluida la trata de blancas) son eficazmente combatidos a nivel internacional cuando son los fiscales quienes tienen la iniciativa, también porque resulta muy fácil la conexión y colaboración entre las fiscalías de los distintos países.

Las citadas fuentes consideran que, a pesar de que el proyecto presentado por el Gobierno decaerá con el final de la legislatura, no se ha perdido el tiempo, porque al menos ya existe un texto elaborado, sobre el que debatir en el futuro entre los dos grandes partidos políticos.

El Partido Popular no ha sido muy explícito sobre ese texto para una futura Ley de Procedimiento Judicial. Su problema es que el colectivo de los jueces, donde el PP tiene una gran implantación, es abiertamente contrario al cambio en la instrucción de los delitos y que se encarguen los fiscales.

 

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