Las ‘interferencias’ de las Comunidades Autónomas en el extranjero paralizan la reforma del Servicio Exterior, un viejo sueño de Moratinos

La reforma no sólo busca ajustar los engranajes funcionariales de la diplomacia española sino que quiere ser una auténtica redefinición de la imagen pública y el funcionamiento de España más allá de sus fronteras.

Los primeros movimientos de cara a la reforma datan de 1987. Más de veinte años después, y tras la renuncia del PP a variar la legislación, no hay plazo aproximado ni fecha prevista para la aprobación de la nueva ley. El proyecto está parado en el comité de dirección del Ministerio, a falta de un largo recorrido por el que aún se debe llegar a múltiples acuerdos interministeriales antes de su toma de consideración en las Cortes Generales. Hablamos, pues, de un proceso de años.

Esta demora se produce pese a que, nada más tomar posesión de su cartera de Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos encomendó al diplomático Melitón Cardona la elaboración de un “informe para la reforma integral del Servicio Exterior”, terminado en 2005. Algunas de las propuestas del informe, de índole práctica y asistencial, ya han sido implantadas: ayudas en viajes, escolarización y mudanzas, por ejemplo, o mejoras en la contabilidad y en el régimen laboral.

El proceso de reforma se ve retardado por dos factores: en primer lugar, el ministro ha preferido dejar aparcado este proyecto tan suyo –Moratinos es, al fin y al cabo, diplomático- hasta después de la presidencia española de la UE en 2010. La maquinaria ministerial concentra ahora mismo todas sus energías en el semestre español.

El segundo escollo es el más grave y tiene que ver con las Comunidades Autónomas. Las CCAA ya tienen, de hecho, una presencia como tales en distintos países, no siempre con un marco normativo armonizado y claro, además de que cada una destina a su presencia en el exterior recursos según sus intereses políticos, propagandísticos y económicos, aparte del hecho de que el Estado ya defiende sus intereses en cada país y en algunos ámbitos –el Instituto Cervantes- el Estado deba coordinarse con comunidades como Cataluña o País Vasco.

Así, la dificultad radica en cómo reconocer la actividad y presencia de las comunidades y qué ámbitos establecer para su coordinación con el Estado: el problema para la Administración Central es que todas buscan mayor proyección exterior y mayor independencia de Exteriores y la Administración Central, además de algunas CCAA que no quieren someterse a una norma común e igual para todas.