‘¿Me puedes pasar el borrador?’. El texto de la Ley de Derechos y Libertades que prepara Defensa no lo tienen ni los Jefes de los Estados Mayores

El Ministerio de Defensa ha elaborado un borrador sobre la nueva Ley de Derechos y Libertades que está enseñando a todos aquellos grupos con los que se reúne para la redacción definitiva. Pero no entrega la copia del borrador a nadie. Algunos afectados hablan incluso de ‘actitud paranoica’ del departamento de Chacón entorno a este asunto.

La ministra de Defensa inició a principios de año los contactos directos con los grupos parlamentarios para abordar la reforma de la Ley de Carrera Militar, consultando con ellos si éste era el momento oportuno para entablar el debate, tal y como contó ECDvéalo aquí-.

Desde el Ministerio también se han puesto en contacto con los Jefes de los Estados Mayores. De la Armada Manuel Rebollo, de Tierra Fulgencio Coll y de Aire José Jiménez Ruiz.

En círculos cerrados, los tres JEMES, con absoluta discreción, han expresado su extrañeza de que la ministra Carme Chacón no les haya facilitado ni una sola copia del borrador. En Defensa explican este hermetismo alegando que no quieren ni una sola filtración del contenido del mismo. Hasta tal punto llegan que algunos cargos políticos, no del todo técnicos, dentro del departamento, tampoco han conseguido el ‘sabroso’ documento.

Algunas partes intervinientes en este delicado proceso de elaboración y posterior tramitación de la ley hablan incluso de ‘paranoia’, de la imperiosa necesidad de que no se filtre a la prensa absolutamente nada porque la importancia de esta nueva normativa para el colectivo militar es extraordinaria.

Carme Chacón tiene previsto, según han informado fuentes militares a El Confidencial Digital, reunirse con las asociaciones de militares en la reserva, como es AME (Asociación de Militares Españoles). La reunión no iría más allá de un ‘cordial café’ para preguntarles sus recomendaciones aunque en ningún caso les entregará documento alguno.

Según queda establecido en la tramitación de cualquier ley importante, los afectados deben ser ‘oídos’ y han de tener la posibilidad de presentar alegaciones. Éstas, junto al documento, deben enviarse al Consejo de Estado y otros órganos consultivos. Y son ellos los que deciden si deben tenerse en cuenta o no.

 

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