Dudas sobre la legalidad del estado de alarma: la Constitución obliga a reunir “inmediatamente” al Congreso para notificarlo pero el Gobierno aún no lo ha hecho

Expertos jurídicos consultados por El Confidencial Digital ponen, efectivamente, en duda la validez y legalidad del real decreto aprobado el sábado, precisamente porque no se atiene a los que expresamente indica nuestra Carta Magna.

El artículo 116.2 de la Constitución dice lo siguiente: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”.

De acuerdo con los expertos jurídicos, la obligación de dar cuenta al Congreso “reunido inmediatamente” no se ha cumplido.

Al contrario, hace ya cuatro días que el real decreto se aprobó y aún no se ha producido la sesión. Según la Constitución, los actos de la Cámara sólo son tenidos como tales cuando se celebran en el propio edificio del Congreso. En principio, ese Pleno está convocado para mañana, jueves, es decir, cuando han pasado seis días desde la aprobación y puesta en marcha del estado de alarma.

En esa línea se pronuncio ayer Gaspar Llamazares, que calificó de “abuso constitucional” la aprobación del real decreto y puso en duda que la medida sea conforme a la Constitución. Afirmó también que la militarización, como se ha hecho con los controladores, no está prevista para el estado de alarma, sino para los de excepción y de sitio.

El diputado de Izquierda Unida ha pedido al Gobierno que levante el estado de alarma antes de que se cumplan los 15 días fijados. Sin embargo, el Ejecutivo no ha descartado del todo la prórroga, en la medida en que, a día de hoy, sigue sosteniendo que dependerá de cómo transcurran los acontecimientos.

A ese respecto, algunas fuentes apuntan la posibilidad de que el Ejecutivo está pensando prorrogar el estado de alarma hasta principios de enero de 2011, precisamente para no correr ningún riesgo de que se produzca otro caos en los aeropuertos coincidiendo con las fiestas de Navidad y año nuevo.

Desde el Partido Popular, que no está discutiendo la legalidad de la medida aprobada por el Gobierno, sí se ha puesto de relieve, en boca de Esteban González Pons, que la declaración de estado de alarma constituye un “extraño precedente”, que podría ser invocado para hacer frente a futuras huelgas de otros colectivos.

Algunos analistas han destacado que la medida se adoptó con el jefe del Estado fuera del país, e incluso hablan de movimientos autoritarios y antidemocráticos por parte del Gobierno.