Política

Espionaje: El ‘CNI madrileño’ fue diseñado por Fernando Muniesa y se justificó también en la seguridad de la sede que ocupa Aguirre y en eventos como las Olimpiadas

La idea de crear el llamado ‘CNI madrileño’, uno de los episodios más llamativos del ‘affaire’ de los espionajes en Madrid, surgió precisamente para intentar frenar esos seguimientos, pero también con la idea de resolver retos de seguridad, como los problemas en la sede de la Comunidad Autónoma, o preparar eventos como las Olimpiadas.

El diseño de ese ente, concebido sobre todo como un ‘servicio de inteligencia’, es decir, una oficina para recogida de información y su posterior análisis y valoración, fue realizado –según ha confirmado El Confidencial Digital- por Fernando Muniesa, un conocido experto en asuntos de seguridad y de defensa, a quien le hizo por encargo de Luis Vicente Moro (ex delegado del Gobierno en Ceuta y viejo amigo de Ignacio González).

Fernando Muniesa, que, actualmente es, entre otras cosas, asesor de Coalición Canaria en asuntos de defensa, estuvo relacionado con los ministerios de Interior y de Defensa, ha trabajado para empresas de material militar como McDonnell Douglas (fabricante de los F-18 que adquirió España) o Krauss-Maffei (fabricante los carros de combate Leopard), y tiene buenas conexiones con los servicios de información. Además, ha estado vinculado a la Iglesia de la Cienciología y al proyecto de crear un complejo de casinos de juego en Los Monegros (Aragón).

Controlar servicios de información paralelos

Según la información recogida por El Confidencial Digital, de fuentes directas, en torno al mes de mayo de 2008 llegó a conocimientos de algunas personas de la Comunidad de Madrid la existencia de seguimientos a altos cargos. Para intentar acabar con eso, y para regular la actividad de agentes de la policía autonómica, canalizando su trabajo hacia labores de información e inteligencia, Luis Vicente Moro contactó con Fernando Muniesa.

La solución que éste planteo fue la puesta en marcha de un servicio de información, legal, dependiente de la Comunidad, al estilo de lo que ya existe en las policías autonómicas del País Vasco y Cataluña, que pusiera fin a esos espionajes, pero también que atendiera otras tareas.

Algunos de los asuntos que debería atender el ‘CNI madrileño’ tendrían que ver con la seguridad de los propios altos cargos y de las sedes de la Comunidad. Por ejemplo, resolver los problemas que presenta la sede de la presidencia, en la Puerta del Sol, que se consideró muy vulnerable y con riesgos añadidos para quienes allí tienen su despacho, como es el caso de la presidenta, Esperanza Aguirre.

También se argumentó que la capital de España es escenario habitual de eventos muy destacados, que precisarían la toma de algunas medidas previas. Se citó, por ejemplo, que está anunciada una visita de Benedicto XVI, para las Jornadas Mundiales de la Juventud, o la posibilidad de que Madrid pueda organizar una Olimpiada.

El ‘Proyecto SEDE’

Muniesa, con el asesoramiento de ex miembros del CNI y expertos en seguridad a los que consultó, redactó el llamado ‘Proyecto SEDE’ (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos), que sería el organismo encargado de poner en marcha el servicio de inteligencia. Echaría a andar de modo progresivo, y se disolvería al cabo de seis meses, una vez creada la entidad oficial y legal.

El estudio, contenido en un escrito de más de veinte folios, fue resumido en solamente dos y entregado a Luis Vicente Moro, quien en junio lo elevó al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

A ese ‘CNI madrileño’ se incorporarían los integrantes de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam), unos seiscientos agentes, hoy sin una labor clara que realizar y dedicados a tareas secundarias o administrativas. Uno de los argumentos que se utilizaron fue que disponer de seiscientas personas dedicadas a tareas de información lo convertiría en un ‘servicio’ de alcance incalculable.

Según las fuentes consultadas por ECD, el proyecto fue estudiado al máximo nivel en los órganos de gobierno de la Comunidad de Madrid, con conocimiento de la presidenta, Esperanza Aguirre, y en ese proyecto el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, exigió que la nueva unidad dependiera de él. Fue entonces cuando contactó con el ex policía Marcos Peña.

Granados sugirió a Marcos Peña que contará con el apoyo de ex guardias civiles, a los que al parecer el consejero conoce por sus buenas relaciones con la Academia de Valdemoro, localidad madrileña de la que fue alcalde.

El País empezó a trabajar desde antes del verano

Algunas fuentes han apuntado que el dossier sobre los espionajes en Madrid se había presentado a varios medios informativos para su publicación. Más precisamente, que los papeles se ofrecían al mejor postor. Y que, como nadie los compraba, al final los adquirió “un empresario”, que fue quien después lo envió a El País.

Se afirma, en concreto, que pasó por Interviú pero que la revista lo había rechazado. Fuentes cercanas al Grupo Zeta consultadas por ECD dijeron que lo único que les llegó, hace un mes aproximadamente, fue lo relativo a los viajes de Ignacio González, pero no el resto. El semanario rechazó publicarlo porque no les pareció suficientemente seguro el material, no tenía las pruebas necesarias.

Por el contrario, fuentes que tienen conocimiento directo de lo ocurrido han dicho a El Confidencial Digital que el diario El País “estaba ya trabajando este asunto desde antes del verano”. De hecho, el firmante de las informaciones publicadas, Francisco Mercado, en torno al mes de mayo empezó a llamar a algunos de los protagonistas de los espionajes, llamadas, que, como hemos contado más arriba, pusieron en marcha la idea del ‘CNI madrileño’.

Se desconoce por qué el diario de Prisa ha tardado todos estos meses en sacar a la luz el escándalo de las escuchas, por qué ha sido ahora precisamente cuando lo ha hecho, y si eso esconde alguna intencionalidad más allá de los informativo y del interés general.

En los ámbitos políticos, la hipótesis que se maneja es que han existido dos tramas de espionaje. Una que ha espiado a los ‘enemigos’ de Esperanza Aguirre (Alfredo Prada, Manuel Cobo, quizás a Alberto Ruiz Gallardón, ésa es la duda), y otra que investigó a Ignacio González.

En cualquier caso, se da como evidente en esos ámbitos que, con este ‘affaire’, lo que se está disputando es la batalla por la sucesión de Mariano Rajoy. Una opinión que también se escucha en ámbitos cualificados del Partido Popular.

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