Eurodiputados catalanes denuncian en Bruselas los ataques fascistas y piden a la Comisión Europea que presione a España para que ilegalice los partidos de extrema derecha
El asalto a la delegación de Cataluña en Madrid por parte de un grupo de violentos con banderas de Falange Española y Alianza Nacional durante la Diada será analizado por la Comisión Europea. Eurodiputados catalanes han denunciado el caso y piden a Bruselas que presione a España para que ilegalice los partidos de extrema derecha.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, los parlamentarios catalanes Ramón Tremosa y Salvador Sedó (CiU), Raül Romeva (ICV), María Badia y Raimon Obiols (PSC), presentaron el pasado viernes una pregunta a la Comisión Europea denunciando ataques fascistas a los políticos de Cataluña, y solicitando la intervención del organismo comunitario para evitar nuevas agresiones.
Al escrito se sumaron también los eurodiputados de PNV Iñaki Irazabalbeitia e Izaskun Bilbao; y Willy Meller de Izquierda Unida.
En la misiva, se habla de “hechos muy graves” y de la pervivencia en España de grupos de “carácter anti-democrático y nostálgicos del franquismo”. Citan los nombres de Democracia Nacional y de Falange Española y de las JONS.
Piden ilegalizar los partidos de extrema derecha
Además de denunciar los ataques fascistas sufridos por los políticos catalanes, los eurodiputados firmantes de la carta piden a la Comisión Europea que actúe y “obligue a España a cumplir las normas europeas” sobre la persecución penal a toda incitación al odio contra otros grupos humanos así como la exaltación de regímenes autoritarios como lo fue el franquismo.
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Además, pide que la Comisión Europea exija al Gobierno de Rajoy que estudie la legalidad de partidos falangistas y de extrema derecha, ya que su presentación en próximos comicios “representaría un caso claro de incumplimiento de la norma europea”.
Los eurodiputados recuerdan que la comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, avisó a España de que los Estados Miembros están obligados a sancionar penalmente cualquier incitación pública a la violencia y al odio contra grupos o personas por su raza, color, religión, origen nacional o étnico.