La Fiscalía acusa a la Guardia Civil de entorpecer la investigación del 1-O con las filtraciones sobre Roures y Artadi
Considera un error haber hecho público el informe porque aún no ha decidido si les imputa en la causa y pueden destruir pruebas
El miércoles por la tarde saltaba la noticia de que la Guardia Civil atribuye al empresario Jaume Roures y la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi un papel “capital” en la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre. Lo hace en un informe de 176 folios que ha enviado al juez.
En él, describen las actuaciones del presidente de Mediapro en relación con la consulta: el grupo prestó su sede a los medios de comunicación para que pudieran acudir a ella como sala de prensa durante la jornada electoral.
Sin embargo, el Instituto Armado va más allá, y ha detallado el papel “capital” de Roures no sólo durante el 1-O, sino durante su gestación; es decir, las determinantes acciones que llevó a cabo según la hoja de ruta diseñada para alcanzar la república catalana.
Se trata del documento Enfocat, incautado en el domicilio del ex número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, junto a la famosa libreta Moleskine donde detallaba profusamente los pasos a seguir para desconectar Cataluña de España.
Enfocat señalaba los medios de comunicación como parte fundamental para el triunfo del procés. Y ese papel, según la Guardia Civil, fue asumido e interpretado desde 2015 por Roures.
Además de habilitar el centro de prensa, añade por ejemplo, un documental producido por Mediapro y emitido en TV3 con un sesgo claramente favorable al independentismo. Por tanto, Roures “podría integrarse en el comité ejecutivo que se plasmó en aquel documento en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación”.
Por otra parte, Elsa Artadi, quien fuera mano derecha de Puigdemont, es señalada por la UCO como la interlocutora de Jové cuando éste le consultó pormenores del referéndum.
Aún no están imputados
Los medios se hicieron eco del informe de la Comandancia de Barcelona y algunos incluso tuvieron acceso al mismo. Explicaron con detalle qué conversaciones telefónicas se han analizado para fundar las sospechas sobre Roures y Artadi. Algo que, según ha podido saber El Confidencial Digital, va a dificultar la labor de los fiscales de Sala encargados de la investigación.
Se trata de Consuelo Madrigal, que fuera fiscal general del Estado; Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Jaime Moreno, que participó en el juicio contra Francesc Homs por la consulta del 9-N, y Fidel Cadena, que les dirige.
Según explican a ECD fuentes cercanas a los acusadores, que miembros de la Guardia Civil hayan filtrado el informe perjudica a la causa por una razón: el caso se encuentra aún en fase de instrucción, los imputados están acudiendo a declarar ante el juez y continúan las pesquisas policiales. Es decir, todavía pueden producirse más imputaciones e incluso detenciones, a medida que vaya avanzando la investigación.
Por ejemplo, esta semana ha sido citada a declarar en calidad de imputada la parlamentaria de la CUP Mireia Boya, y también se ha añadido a la lista de investigados su compañera de partido Anna Gabriel.
Sin embargo, el juez y los fiscales deben analizar las conclusiones de los agentes antes de decidir si Roures y Artadi son imputados en la causa. Cosa que se complica con la filtración del informe, porque ambos tienen un margen de tiempo para destruir pruebas antes de sentarse en el banquillo.
Además, consideran que poner en conocimiento público las pesquisas sobre los investigados no favorece, antes al contrario, la presunción de inocencia, ya que conduce a terceros a hacer valoraciones de personas que aún no han sido procesadas, ni siquiera imputadas.
Operaciones frustradas
Las fuentes de la Fiscalía consultadas por este confidencial consideran que la investigación puede verse entorpecida y hablan de “la lacra de las filtraciones” como un fenómeno muy dañino para la instrucción de los hechos que llegan a los juzgados.
La publicidad excesiva de las pesquisas policiales termina perjudicando las causas e incluso ha terminado frustrando operaciones de alguna investigación.
El asunto preocupa en el Ministerio Fiscal, hasta el punto de que el nuevo jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha puesto como prioridad eliminar las filtraciones en la Fiscalía que dirige creando un gabinete de prensa específico para tal fin.
