Política

Lea el “Inventario de daños”

Funcionarios independentistas hacen balance del 155: 196 ceses, 23 organismos suprimidos, 92 contratos paralizados...

Han recopilado datos sobre el impacto de la intervención del Estado en cada departamento de la Generalitat

Mariano Rajoy explica las medidas del artículo 155.
photo_cameraMariano Rajoy explica las medidas del artículo 155.

La Generalitat de Cataluña lleva ya más de un mes y medio intervenida por el Gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución, que se activó tras la declaración de independencia en el Parlament. Salvo algunos casos puntuales, la toma de “control” se ha realizado sin sobresaltos, pero un grupo de funcionarios independentistas denuncia los perjuicios provocados.

Con el aval del Senado, el Gobierno de Rajoy aprobó por decreto el cese de Puigdemont y de sus consejeros. Desde entonces, los ministerios controlan los diferentes departamentos del Govern de Cataluña, a través de algunos altos cargos que hacen de puente con los cargos de la Generalitat.

En Moncloa temían escenas de rebelión, e incluso de funcionarios “atrincherados” en las oficinas de los departamentos. Pero la intervención ha sido menos conflictiva de lo esperado, aunque parte de la plantilla del gobierno autonómico continúan mostrando su apoyo a los ex consejeros cesados con carteles en las oficinas, lazos amarillos...

En estas semanas se han ido formando colectivos y grupos de funcionarios independentistas en el Govern y en las distintas consejerías, que se han manifestado por ejemplo para pedir la libertad de sus consejeros encarcelados.

Pero además una asociación de personal público de la Generalitat de carácter independentista, ServidorsCAT, ha elaborado un informe en el que recopila todos los efectos, para ellos todos los perjuicios, muchos de ellos poco conocidos, que ha traído consigo la aplicación del artículo 155.

La Generalitat nunca había funcionado tan mal”

El Confidencial Digital ha consultado el primer informe, cerrado a fecha del 1 de diciembre, en el que este grupo de funcionarios hace balance de algo más de un mes de intervención de la Generalitat por parte del Estado.

La conclusión que sacan tras detallar a lo largo de cincuenta páginas los efectos del 155 es que “la aplicación de las medidas de intervención adoptadas dentro de la Administración de la Generalitat ha supuesto y supondrá daños de gran magnitud para las instituciones, para personas concretas y para toda la ciudadanía”.

De acuerdo con estos funcionarios, la aplicación del 155 “no es en absoluto ni legítima ni suave”, como se ha afirmado por parte del Gobierno. Y van más allá en su empeño de rebatir los argumentos del Ejecutivo de Mariano Rajoy de que todo transcurre prácticamente sin cambios en el día a día: “La Administración de la Generalitat no funciona con normalidad, como afirman propagandísticamente las autoridades españolas mientras la mantienen descabezada, al ralentí y con un nivel de actividad muy inferior al habitual. Nunca había funcionado tan mal y este inventario de daños así lo confirma”.

Ceses más allá de Puigdemont y sus 13 consejeros

Por ejemplo, ponen cifras, nombres y cargos a los ceses decididos por el Gobierno de España en la Generalitat. Porque no sólo fueron destituidos el presidente Carles Puigdemont y sus trece consejeros: según el desglose de este informe consultado por ECD, el total han sido apartadas de sus cargos en la Generalitat 196 personas.

Eso incluye a secretarios generales de los departamentos, jefes de las oficinas del presidente y el vicepresidente, el director de los Mossos, el mayor de los Mossos, directores generales, el responsable del organismo internacional Diplocat, los “embajadores” o delegados de la Generalitat en diversos países del mundo, delegados territoriales en las comarcas, presidentes de organismos como el Consejo Asesor para la Transición Nacional, y sobre todo decenas y decenas de asesores y en general personal eventual de los gabinetes de cada consejero.

La recopilación también indica los cinco miembros del Govern en el “exilio” de Bélgica, los consejeros que están o han estado en la cárcel, y los altos cargos que fueron detenidos pero puestos en libertad en la operación policial contra los preparativos del referéndum el 20 de septiembre.

23 organismos suprimidos

Este colectivo de funcionarios independentistas ha elaborado el informe con tres fuentes principales: las publicaciones oficiales del Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña; noticias de medios de comunicación “de solvencia contrastada” (que sobre sobre todo medios nacionalistas, Ara, Punt Avui, El Nacional.cat, aunque también citan a El País); y además las webs de la Generalitat y también datos internos que ellos mismos y otros funcionarios han ido conociendo en este mes y medio.

Con esas fuentes han elaborado el documento en el que también indican que la toma de control de la administración autonómica por parte del Gobierno de España ha ido acompañada de la supresión de 23 organismos, la mayoría delegaciones en el exterior, pero también la Oficina del Presidente y la Oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno, entre otras.

Otros efectos que ha producido la aplicación del artículo 155 en las instituciones catalanas es que han decaído, han quedado paralizadas 71 iniciativas que se estaban tramitando en el Parlament de Cataluña cuando fue disuelto por Mariano Rajoy para convocar las elecciones del 21 de diciembre: nueve proyectos de ley presentados por el Govern (sobre la Agencia de Salud Pública, sobre contratación pública, sobre juegos y apuestas...), 59 proposiciones de ley, seis iniciativas legislativas populares... Y además, numerosos proyectos y reglamentos que tenía previsto poner en marcha el Govern.

Contratos congelados, pagos retrasados, eventos cancelados

Por otro lado, detallan que al menos 92 procesos de contratación pública, licitaciones para comprar material o suministrar servicios para la Generalitat han quedado congelados por el cese de personas que tenían que decidir sobre ellos.

Desde ServidorsCAT denuncian que también se está desaprovechando capital humano porque, por ejemplo, mandos relevantes de los Mossos han pedido el pase a segunda actividad, y que el propio mayor Trapero está destinado a tareas burocráticas. Además se han paralizado traslados a departamentos que necesitaban personal, y está congelada la convocatoria para reforzar a los Mossos con medio millar de efectivos.

Se han cancelado y suspendido eventos, festivales, ferias sectoriales, no se han puesto en marcha proyectos pendientes de la Generalitat, y citan diez casos de retraso y nueve de bloqueo en el pago de subvenciones y otras ayudas públicas que han provocado perjuicios en organismos (asociaciones juveniles, entidades de lucha contra la droga) y a la ciudadanía en general.

Incluso anexan una lista de siete acciones que han provocado pérdida de oportunidades económicas para Cataluña, empezando por el decreto que facilitó la fuga de empresas a otras partes de España y hasta el veto a que el Puerto de Barcelona realizara una expedición internacional para buscar nuevos socios comerciales.

Pinche aquí para leer íntegro el informe.

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