Gallardón descarta ahora recortar la acusación popular
La supresión de este derecho a partidos políticos y sindicatos aparecía en los primeros borradores de la norma
La propuesta estaba incluida en el informe de la comisión de expertos que pidió el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. Pero, después de incluirla en algún borrador de la reforma de la Ley del Poder Judicial, ahora ha descartado definitivamente su inclusión en el texto final.
Alberto Ruíz-Gallardón, ministro de Justicia, ha decidido finalmente dar marcha atrás en su idea de recortar la figura jurídica de la acusación popular y mantenerla tal y como está actualmente. “A día de hoy, la decisión es que no lo vamos a tocar y se queda como está”, confirman fuentes del ministerio.
La medida ha llegado a incluirse en alguno de los borradores de la nueva Ley del Poder Judicial que está preparando el ministerio y que es donde, en un principio, se iba a incluir esta polémica modificación. De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, esta reforma se sigue preparando en el ministerio, “son muchos artículos”, y en breve irá al Consejo de Ministros.
La idea original del ministro era aceptar la propuesta de los expertos de recortar la figura de la acusación popular para impedir que sindicatos, partidos políticos u organizaciones empresariales pudieran ejercerla con el objetivo de “evitar su politización y utilización abusiva”, según se refleja en uno de esos borradores.
De esta forma, sólo el Ministerio Fiscal podría utilizar esta figura jurídica. Esto tendría consecuencias importantes en la lucha contra la corrupción puesto que, por ejemplo, Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, está sentado ahora en el banquillo de los acusados por la estafa de las preferentes porque un partido político, UPyD, apoyándose en este derecho, puso la demanda.
Tampoco se estaría juzgando a Iñaki Urdangarín y a la Infanta Elena en Mallorca por el caso Noos. El inicio de las investigaciones del juez José Castro se deben también a una demanda realizada por el sindicato Manos Limpias en nombre de la acusación popular.
Otro ejemplo de casos que se han iniciado gracias a la acusación popular fue el que se siguió contra el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. El famoso caso de los trajes de Camps, del que finalmente salió absuelto, se inició gracias a la denuncia de un particular utilizando la figura de acusación popular.
Polémica
La figura de la acusación popular ha sido polémica ya en otras ocasiones. La primera vez, en diciembre de 2007, cuando el Tribunal Supremo se ‘olvidó’ de ella y rechazó abrir juicio oral contra Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, porque sólo le denunciaba un particular no perjudicado por el caso de las cesiones de crédito.
Sin embargo, poco después, el mismo Tribunal Supremo sí permitió juzgar a Juan María Atutxa pese a que también sólo había una acusación popular como acusación alegando que, en ese caso, sí había “intereses colectivos” en el hecho de que el político decidiera no disolver Sozialista Abertzaleak cuando era presidente del Parlamento vasco.
De hecho, la doctrina Botín es la que podría salvar a la Infanta Elena de ser juzgada ya que sólo el sindicato Manos Limpias la acusa a ella de cometer delitos, aunque hay otras instituciones personadas en el caso.
