El Gobierno sospecha que la Generalitat está utilizando los historiales clínicos de los catalanes
Para elaborar el censo que necesita de cara al referéndum independentista previsto en 2017. Incluye información sensible sobre enfermedades, intervenciones, tratamientos...
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha admitido que el Govern dispone de la “información suficiente” para elaborar un censo propio, con el que llevar a cabo un referéndum independentista antes del verano. El Gobierno sospecha que, además de datos fiscales de los catalanes, está utilizando expedientes médicos para su confección.
Así las cosas, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a Moncloa, el Ejecutivo está siguiendo los movimientos de la Generalitat y prepara ya el argumentario jurídico que impida la creación de un censo electoral con esa información. Se apoyará en el artículo 18 de la Constitución y en la Ley de Protección de Datos.
Explican que, de confirmarse la iniciativa de crear un censo con datos del Sistema Catalán de Salud, la Generalitat estaría vulnerando un derecho fundamental recogido en la Carta Magna: el derecho a la intimidad personal.
Informe interno que maneja la Generalitat
Las sospechas se basan en un informe interno del Gobierno catalán, que recoge la opción de emplear los datos que maneja el Sistema Catalán de Salud para poner nombres y apellidos a todos los posibles participantes en el referéndum que planea convocar antes del verano.
El documento, elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos en 2014, señala que en ese censo quedarían incluidos todos los ciudadanos mayores de 16 años, o los inmigrantes que tengan regularizada su situación en la comunidad.
Crear un censo con datos sobre salud es ilegal
Según las fuentes consultadas, el Gobierno está convencido de la ilegalidad de ese procedimiento para crear un censo propio. Considera que podría ser bloqueado su uso, acogiéndose a la Ley de Protección de Datos, en la que se habla, de forma explícita, de la información privada relacionada con la salud.
En el artículo 8 de la citada ley, se especifica que los datos sobre salud de los pacientes solo podrán ser utilizados por los centros sanitarios, públicos y privados, pero no por ninguna otra institución.
Advierten de que, si el Ejecutivo central detecta que la Generalitat echa mano de los datos del Sistema Catalán de Salud para elaborar un censo propio, el Estado sancionará de forma inmediata al Gobierno de Puigdemont.
