El Gobierno va a tramitar el grueso de la Ley de Libertad Religiosa entre las dos visitas de Benedicto XVI para evitar que su presencia condicione el debate. Esta es la estrategia
El Ejecutivo sigue firme en su decisión de aprobar en esta legislatura la reforma de la ley de Libertad Religiosa, cuya vigencia data de 1980. Y no cejará en ese empeño a pesar de que el Papa visite el país en dos ocasiones. Lo que va a hacer es tramitarla entre las dos visitas de Benedicto XVI a España.
En estos momentos, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tiene sobre la mesa varios borradores, que difieren en la “profundidad laicista” que se le quiera dar a dicha reforma, según explicaron fuentes gubernamentales a El Confidencial Digital.
A efectos tácticos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya se ha fijado una serie de objetivos en cuanto a cómo diseñar la tramitación de la ley. Ésta es la estrategia:
-Que el anteproyecto se lleve al Consejo de Ministros antes del verano, una vez que hayan transcurrido unos meses desde la aprobación de la polémica ley de interrupción voluntaria del embarazo que se ultimó a finales de febrero. El ministerio de Justicia ha exigido que transcurra un tiempo prudencial entre una y otra ley.
-Una vez que el Consejo de Estado y otros organismos públicos remitan sus informes consultivos al Gobierno, el Consejo de Ministros esperará a que haya concluido la visita del Papa a Santiago de Compostela y Barcelona (los días 6 y 7 de noviembre) para aprobar en segunda lectura el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes.
-Y el objetivo es que la tramitación parlamentaria concluya antes de agosto de 2011, cuando Benedicto XVI visitará Madrid con motivo de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.
En cuanto al contenido de la ley, el Gobierno descarta por completo denunciar el Concordato con la Santa Sede, pero quiere aplicar los compromisos que adquirió con el resto de principales religiones en 1992 y que no se han desarrollado por falta de legislación.
También se plantea descentralizar en las comunidades autónomas y ayuntamientos una serie de gestiones, como el número de licencias administrativas para lugares de culto y su ubicación en los municipios.
Quiere también abrir la puerta a que haya capellanes militares de otras religiones, eliminar los crucifijos y demás elementos religiosos en las tomas de posesión de funcionarios públicos (el elemento predominante sería un ejemplar de la Constitución), y regular el desarrollo de los funerales de Estado.
Sobre esto último, todavía se manejan dos opciones: que se fije que la celebración se desarrolle en un lugar ‘laico’, o bien que las ceremonias en las catedrales estén abiertas a otras confesiones.
