Política

Argumentando derecho a la intimidad

El Gobierno bloqueará el censo del referéndum en Cataluña que intenta elaborar la Generalitat

Utilizará la Ley de Protección de Datos para impedir que los ayuntamientos le suministren los padrones municipales, y lo mismo con el Sistema Catalán de Salud

Artur Mas no podrá emplear los padrones municipales de los ayuntamientos catalanes para crear su propio censo electoral de cara a la consulta independentista. El Gobierno se lo impedirá por la vía de obligar a la Generalitat a cumplir la Ley de Protección de Datos, que lo prohíbe. El Estado, a través de la Agencia Estatal, ya ha sancionado a varias administraciones públicas por vulnerar el derecho a la intimidad de los ciudadanos.

A comienzos de año, la Generalitat anunció, a través de su vicepresidenta, Joana Ortega, que, si el Gobierno de Rajoy continuaba negándose a pactar las condiciones para celebrar el referéndum en Cataluña, el Ejecutivo autonómico crearía su propio censo electoral para poder organizar el referéndum independentista.

Desde el equipo de Artur Mas han contactado, en las últimas semanas, con alcaldes de CiU y de ERC para solicitarles el padrón  de los municipios en los que gobiernan, con el objetivo de crear así su propio censo al margen del Estado. La Generalitat se ha dado de plazo hasta septiembre. Si el Gobierno central mantiene su postura negativa, empleará el fichero de votantes extraído de los datos de los consistorios.

Derecho a la intimidad

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el Ejecutivo tiene constancia de esos movimientos de la Generalitat y está preparando el argumentario jurídico que impedirá la creación de un censo electoral a través de los padrones municipales.  Moncloa se apoyará en el artículo 18 de la Constitución y en la Ley de Protección de Datos.

Las fuentes gubernamentales consultadas explican que, de confirmarse la iniciativa de crear un censo, el equipo de Artur Mas estaría vulnerando un derecho fundamental recogido en la Carta Magna: el derecho a la intimidad personal.

Ley de Protección de Datos

Ese derecho a la intimidad personal está 'blindado' por la Ley de Protección de Datos de 2009. El Gobierno empleará los siguientes artículos del texto para bloquear el intento la Generalitat:

--Artículo 4, sobre la calidad de los datos: Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. Por tanto, la utilización de los padrones municipales para crear un censo electoral no aprobado por el Estado es ilegal, y así será declarado.

--Artículo 5, sobre derecho de información en la recogida de datos:  Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco. El Gobierno tiene constancia de que los ayuntamientos no han informado a los ciudadanos del envío de los padrones a Barcelona, por lo que, igualmente, esa acción es constitutiva de delito.

Además, en la recogida de esos datos tiene que existir un consentimiento previo de los individuos, tal y como recoge el artículo 6. Ese punto de la Ley especifica que el consentimiento no es necesario cuando las Administraciones Públicas lo recojan “en el ámbito de sus competencias”. Sin embargo, desde el Ejecutivo recuerdan que la Generalitat “no tiene competencia para convocar el referéndum independentista”.

Ilegal un censo procedente del Sistema Catalán de Salud

Tal y como se adelantó en estas páginas, la Generalitat maneja otra fórmula para crear un censo propio de cara a la convocatoria del referéndum. Un informe interno del Gobierno de Artur Mas recoge la opción de emplear los datos que maneja el Sistema Catalán de Salud para poner nombres y apellidos a todos los posibles participantes en la consulta.

El documento, elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos, señala que en ese censo quedarían también incluidos todos los ciudadanos mayores de 16 años, o a los inmigrantes que tengan regularizada su situación en la comunidad.

Pues bien, desde el Gobierno aseguran que este procedimiento para crear un censo que se utilizaría en el referéndum puede también ser declarado ilegal echando mano de la Ley de Protección de Datos, en la que se habla , de forma explícita, de la información privada relacionada con la salud.

En el artículo 8 de la citada ley, se especifica que los datos sobre salud de los pacientes solo podrán ser utilizados por los centros sanitarios, públicos y privados, pero no por ninguna otra institución.

Ha habido sanciones a gobiernos locales y autonómicos

Si la Generalitat cumple su propósito y elabora un censo electoral propio a través de los padrones municipales o del Sistema Catalán de Salud, el Estado sancionará de forma inmediata al Gobierno de Artur Mas, lo mismo que a los ayuntamientos que hayan trasladado a Barcelona información sobre sus ciudadanos.

Las fuentes consultadas por ECD recuerdan que la Generalitat no sería el primer Ejecutivo autonómico, o local, sancionado por incumplir la Ley de Protección de Datos. En los últimos años, ha habido “un gran número de casos”.

Los más 'sonados' fueron los siguientes :

--En octubre de 2010, sanción a la Xunta de Galicia por revelar, a través de Educación, informes de una menor con discapacidad.

--En junio de 2012, la Junta de Andalucía fue sancionada después de que la  Delegación Provincial de Cultura arrojase a la basura decenas de documentos, entre los que había algunos que contenían información de carácter personal y que podían haber caído en manos ajenas.

--En julio de 2012, el Gobierno de Murcia recibió una sanción grave por vulnerar, el Servicio de Empleo y Formación de la comunidad, el "principio de seguridad" debido al mal funcionamiento del sistema de cita previa.

--En diciembre de 2012, el Principado de Asturias se vio sancionado por revelar los datos personales de quienes alegaron, en el período de información pública, en contra de una de las campañas de sondeos mineros que la compañía Astur Gold promovió en Tapia.

--Este pasado mes de enero de 2014, el ayuntamiento de San Sebastián ha sido multado por la instalación masiva de cámaras de  vídeo-vigilancia en los autobuses urbanos.

Comentarios
Somos ECD
Queremos escucharte y queremos que nos ayudes