El Gobierno avisa: multas de 200 euros a los conductores que se salten los peajes en Cataluña

En una campaña similar, miles de conductores se negaron a abonar en 2012 los peajes de las autopistas catalanas. En aquel momento, la protesta fue por la subida de las tarifas. El movimiento #Novullpagar (No quiero pagar) se saldó entonces con 100.000 denuncias y 351.843 euros en multas.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) inició 21.559 expedientes sancionadores. Pero después de descartar los casos en los que la persona multada negaba la comisión de los hechos, y cuando la concesionaria no podía demostrarlos, las sanciones se quedaron en 6.058 en 2014.

El Defensor del Pueblo catalán había instado también un año antes al SCT a retirar todas las sanciones derivadas de estas protestas.

Se basaba en la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Girona, que anuló multas apoyándose en que el artículo 153 del Reglamento General de Circulación sólo obliga a pararse frente a la señalización del peaje, pero no impone la obligación de pagarlo.

Multas en base a una reforma de la Ley de Tráfico

Ahora, el Gobierno no está dispuesto a tolerar esta situación. Y mucho menos si esta práctica se va extendiendo a cada vez más puntos de la red de autopistas de Cataluña. Ha sido alertado de una nueva campaña para burlar el pago durante los fines de semana de esta primavera, especialmente en los accesos y salidas de las zonas costeras.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el Ejecutivo se servirá de una reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor en 2013, para cortar de raíz estas acciones. La Ley 8/1972 recogía que “el concesionario de la autopista tiene derecho a percibir un pago de los usuarios de la vía” y que éstos están “obligados a abonar el importe”.

Ante la ambigüedad de la norma sobre si corresponde o no una multa, los Presupuestos de 2013 aclararon que el impago supone una infracción administrativa sancionable por parte de la administración conforme a la Ley de Tráfico.

También establecieron que si el usuario se niega a identificarse ante el personal de la autopista puede solicitar auxilio de la autoridad encargada de la vigilancia del tráfico. De todas formas, la matrícula del vehículo va a quedar registrada.

La redacción de la normativa de 2013 confiere además carácter de autoridad a los empleados de la concesionaria, de forma excepcional y temporal, en ausencia de los agentes públicos competentes. En la práctica significa que su versión de los hechos tiene presunción de veracidad, como ocurre con los agentes de tráfico.

División en los Mossos d'Esquadra por su actuación

Esta orden ya ha sido transmitida a los mandos de los Mossos d'Esquadra tras las críticas por su pasividad en la actuación ante estas acciones. Sin embargo, agentes de la policía autonómica responden que este asunto no entra dentro de sus competencias, sino de la empresa concesionaria. No actúan como autoridad en un caso de impago.

Otros efectivos, en cambio, consideran que sí procede una sanción de Tráfico a los conductores. Defienden que, cuando el usuario accede a una autopista de peaje se compromete a un pago. Hay una matrícula y una grabación; se le anota y quien lleve la explotación lo denunciará judicialmente por impago.

Si la empresa concesionaria decide emprender acciones legales, puede interponer una reclamación civil por vía judicial para exigirle la cantidad que no le ha abonado y los intereses que correspondan. En los casos en los que el conductor no se detenga ante la barrera y se salte el peaje, también se le puede perseguir por estafa.

Pero no es la concesionaria quien impone ni gestiona los expedientes sancionadores, sino que se derivan a la autoridad competente. Pero si la empresa gestora cuenta con pruebas, las posibilidades de éxito en la reclamación son mayores.

Así, si el conductor no se ha detenido ante un semáforo en rojo en el peaje puede interponer también una denuncia por infracción de Tráfico ante los Mossos.