La Guardia Civil arremete contra el dispositivo de seguridad de los chalés de Fraga y Calvo Sotelo en Galicia por desviar efectivos de municipios pequeños
Al menos 26 guardias civiles han sido sacados de sus funciones habituales durante este mes de agosto para custodiar las residencias del ex presidente del Gobierno y la del ex titular de la Xunta Manuel Fraga en detrimento de la seguridad de algunos ayuntamientos que se quedan desprotegidos.
La situación la ha denunciado la Unión Federal de Guardias Civiles que no entiende por qué los 26 agentes han sido alejados de sus laborales de seguridad. Según ha explicado esta asociación, la vigilancia exterior de las dos residencias debe encomendarse a un empresa de seguridad privada y no a la Guardia Civil. Con el agravante, aseguran, de que los catorce agentes destinados en Ribadeo (Lugo) y los doce en Perbes (A Coruña) proceden de los cuarteles de ayuntamientos limítrofes, que quedan desatendidos. El dispositivo, además, supone la mitad de los agentes destinados a la protección del monte.
"La vigilancia exterior la tiene que hacer una empresa de seguridad privada y los agentes deben dedicarse a labores policiales en la zona, donde ya es escasa la plantilla de agentes, máxime, teniendo en cuenta que en esta época del año la población aumenta considerablemente. Por no hablar de que, en las circunstancia actuales, las zonas costeras de todo el Estado son objetivo en potencia de organizaciones terroristas, no sólo de ETA. El dispositivo se traduce en un gravísimo fallo de seguridad pública”, reprocha la asociación.
Según este colectivo, al recurrir a patrullas de municipios colindantes se hace con el objetivo de ahorrarse las dietas que deberían pagarse a los agentes si estuvieran en comisión de servicio y procedieran de otras demarcaciones.”Otros años la protección de las dos casas se asumió por agentes de forma exclusiva, pero este año se han querido ahorrar este gasto”, concluyen.
