Política

Se sumarían a los paros judiciales iniciados en Galicia

Gürtel, Lezo, el 1-O, caso Banki, son amenazados por un plante en los tribunales

Los funcionarios del Supremo y de la Audiencia Nacional se disponen a una huelga indefinida para reclamar equiparación salarial con los TSJ autonómicos

Fachada del Tribunal Supremo.
photo_cameraFachada del Tribunal Supremo.

Desde el 7 de febrero, la Justicia gallega se encuentra paralizada: gran parte de los funcionarios secundan una huelga indefinida reclamando a la Xunta que les aumente el incremento específico en sus salarios. Los juzgados se hallan desbordados y el registro civil se mantiene completamente inactivo. Pues bien, la situación puede trasladarse a los órganos estatales.

Los funcionarios de Justicia que dependen del Ministerio llevan desde el comienzo del año reclamando una subida de salarios hasta ser equipados a los de las comunidades autónomas que desempeñan esa misma competencia judicial, ya transferida.

Las reclamaciones han llegado a un punto bastante tenso: los sindicatos han comenzado a convocar protestas ante los tribunales afectados y preparan las negociaciones que ya ha anunciado el ministro, Rafael Catalá, con representantes de Hacienda.

Los funcionarios están dispuestos, según ha podido saber El Confidencial Digital, a seguir el camino de sus colegas gallegos y, por tanto, a convocar una huelga indefinida en los juzgados afectados.

El Supremo y la Audiencia Nacional

La medida no es baladí, ya que afectaría a altos tribunales que dependen directamente del Ministerio, esto es, el Supremo y la Audiencia Nacional, donde se tramitan sumarios de gran trascendencia: están relacionados con delitos de terrorismo y económicos de relevancia en el caso de la AN, y las decisiones del TS sientan además jurisprudencia.

De convocarse la huelga, quedarían paralizados sine die decenas de casos muy relevantes y que se encuentran en fase de instrucción o de juicio: Gürtel, la red de corrupción Lezo, el referéndum del 1-O, la salida a Bolsa de Bankia, la trama Púnica

Y es que los funcionarios afectados son clave para el trabajo de los procedimientos: se trata de letrados de la Administración de Justicia (dirigen y ordenan el trabajo de un juzgado), gestores (redactan providencias, diligencias, actas y expedientes), tramitadores (transcriben textos y realizan ejecuciones no resolutorias), personal de auxilio y médicos forenses.

Fuentes cercanas consultadas por ECD explican que estos funcionarios cobran de media 300 euros menos que los que ejercen trabajos parecidos en organismos autonómicos parejos, como son por ejemplo los Tribunales Superiores de Justicia. Los mejor remunerados son los del País Vasco. En este caso, la diferencia salarial alcanza los 500 euros.

Las mismas fuentes concretan las exigencias que plantean: una subida del complemento específico que el Estado les adjudica por su condición de trabajadores de la Justicia. Su intención es igualarlo a la media antes citada, es decir, aumentar el salario 300 euros.

Ilustran la situación con un ejemplo concreto: los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cobran esa cantidad, 300 euros, más que los de la Audiencia Nacional, que físicamente se encuentra a menos de cien metros de distancia, en un edificio próximo. “No es de recibo que, por realizar el mismo trabajo y en la acera de enfrente, cobremos muchísimo menos”, afirman las mismas fuentes, “sólo porque ellos sean de la Comunidad de Madrid”.

Añaden que la mejor de la situación económica del país permite al Ministerio llegar a un acuerdo con Hacienda y equiparar los salarios a los de las comunidades autónomas que tienen la competencia judicial transferida.

El anuncio del ministro

El martes, el ministro Catalá anunció que pediría a Hacienda incluir a estos funcionarios en el acuerdo que incluye una subida salarial de entre el 6 y el 8% para los funcionarios del Estado durante el trienio 2018-2020.

Fuentes cercanas al caso señalan que, pese a este anuncio, los sindicatos continuarán con la campaña de protestas y seguirán amenazando con la huelga para intentar conseguir una mejora mayor de sus condiciones laborales.

Otros órganos afectados

Los sindicatos no sólo han convocado las protestas para los altos tribunales citados, sino que también lo han hecho para las comunidades autónomas cuya Administración de Justicia depende directamente del Ministerio; esto es, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

También están incluidos el Registro Civil Central, que depende directamente del Ministerio, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía anticorrupción y el Instituto Nacional de Toxicología.

 
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