Informe: por qué ha fracasado la Ley de Dependencia, la gran apuesta de Zapatero y Trinidad Jiménez en política social

La Ley de Dependencia, aprobada en sede parlamentaria con el consenso del grupo socialista y el grupo popular, iba a significar el ingreso de España en los países del mundo con un mayor grado de desarrollo del Estado del Bienestar en su vertiente asistencial.

Conforme a la voluntad del legislador, la Ley de Dependencia partía de una definición de persona dependiente según la cual “dependiente” es quien no goza de plena autonomía o, en otras palabras, no es capaz de valerse enteramente por sí mismo para los afanes de su vida diaria.

A partir de aquí, el legislador estableció tres grados de dependencia –grado I, dependencia moderada; grado II, dependencia severa; grado III, gran dependencia-, con sus correspondientes subapartados, casos todos a los que el Estado ayudaría tanto con ayudas económicas directas como con ventajas sociales –notablemente, la cotización en la Seguridad Social- y, asimismo, con el establecimiento de una red asistencial avanzada de centros de día, residencias gerontólogicas y servicios públicos de diversa índole.

En principio, la financiación de la ley se repartiría del siguiente modo: el 50% del gasto correría a cargo de la Administración central, y el otro 50% correría a cargo de las administraciones autonómicas. El aludido establecimiento de una red asistencial cumplía con el otro propósito de la ley: al margen de ayudar a las personas dependientes, se iban a generar gran cantidad de empleos en un sector de vanguardia como es el sanitario. Asimismo, la ley, de acuerdo con su calendario de aplicación, atendería primeramente los casos de gran dependencia, luego los de dependencia severa y, finalmente, a partir del mes de enero, los casos –más problemáticos a la hora de su baremación- de dependencia moderada.

-         El primer problema de la ley, según sus críticos, radica en lo que atañe a la igualdad de los españoles ante esta ley concreta. Dicho de otro modo, según un ciudadano esté en una u otra comunidad autónoma, los criterios (subjetivos) de valoración de su dependencia conforme a los grados (objetivos) de la misma, resultan extraordinariamente variables. Por otra parte, en algunas comunidades autónomas se exige el copago de los servicios prestados, por ejemplo, en residencias de ancianos, en tanto que en otras comunidades no se exige.

-         El segundo problema de la ley desciende a lo más práctico. En principio, la ley contemplaba como caso excepcional el pago a familiares que se ocupan de otros familiares suyos en estado de dependencia. Sin embargo, a la hora de aplicar la ley, más del sesenta por ciento de las ayudas que se financian son ayudas en el ámbito familiar, con el consiguiente cambio de énfasis en la voluntad del legislador, la falta de generación del empleo esperado (un tercio del total) y un descenso de la calidad de los servicios prestados, por ser sólo semiprofesionales. La mecánica actual de la ley ha de acentuar estos comportamientos en buena parte de los casos: la gente prefiere recibir dinero –por lo general, cerca de 500 euros al mes- por cuidar a un familiar, antes que enviarlo a una residencia que, en muchos casos, les exige el desembolso del copago. Asimismo, la cotización a la Seguridad Social de esos 500 euros devengados es muy escasa, y en el proceso de asistencia faltan los pertinentes controles administrativos. Así, se da la paradoja de que, como ha denunciado el ‘lobby’ de las residencias de ancianos, en algunas comunidades autónomas se han reducido plazas, públicas o concertadas, de estas residencias.

-         El tercer problema atiende a la financiación y a disfunciones del Estado autonómico. Lejos de limitarse a abonar el 50%, las comunidades autónomas están abonando una media del 70%. Al computarse siempre por paciente las ayudas, en algunos casos, la Administración central sólo paga el 5% por enfermo. Y es que el Estado ha incumplido con sus promesas de financiación, estructuradas en torno a un “nivel mínimo” y un “nivel variable”, en función de los males a atender. Es con el “nivel variable” con el que incumple el Estado central. Al tiempo, las necesidades de financiación de la ley están sufriendo dados los recortes presupuestarios del Gobierno: en 2009, los 1200 millones de euros previstos se vieron incrementados en 800 en virtud del plan E y otras ampliaciones del techo del gasto; en 2010, el gasto previsto es sólo de 1600 millones de euros, pese a que en este ejercicio hay un desfase entre las 750000 personas evaluadas y con derecho a prestación y las 500000 personas receptoras efectivas de esas prestaciones. Ocurre que, en algunas comunidades, como Andalucía, los dictámenes de evaluación son más laxos. En resumen, hay cada vez más dependientes y cada vez menos dinero.

-         Otro punto señalado por los expertos es la falta de una política de prevención de la dependencia, ante todo el Plan Gerontológico, ahora subsumido en el tratamiento general de la dependencia. Asimismo, el Ministerio de Trinidad Jiménez ha reducido la totalidad de las partidas de política social y familiar por mor de mantener la Ley de Dependencia.

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