El ministro aseguró que no se usaron fondos públicos en el referéndum

Montoro pide ayuda a la Abogacía del Estado para preparar la respuesta al juez Llarena

Ha celebrado reuniones con letrados y miembros de su gabinete para estudiar los posibles problemas legales de la intervención de las cuentas catalanas

Cristóbal Montoro.
Cristóbal Montoro.

El instructor del 1-O ha requerido al ministro de Hacienda para que informe “a la mayor brevedad posible, del soporte objetivo” de las afirmaciones que hizo sobre la inexistencia de fondos públicos en la financiación del referéndum. Curiosamente, la versión de Cristóbal Montoro coincide con la de los ex consellers procesados.


Y contradice los informes de la investigación de la Guardia Civil, que ha acreditado el uso de hasta 1,9 millones de euros públicos para la organización y celebración de la consulta.

Por el momento, Moncloa se ha desmarcado de las afirmaciones que hizo Montoro en el periódico El Mundo, señalando que “es posible” que la Generalitat burlara el control de Hacienda. De hecho, el Ministerio toleró pagos pro independentistas en Cataluña entre 2015 y 2017, años en los que el Supremo asegura que este colectivo “campó a sus anchas”.

Hacienda ya ha comenzado a trabajar en la respuesta que va a dar al magistrado Llarena. Según ha podido saber El Confidencial Digital, además de hacer acopio de las facturas registradas desde julio de 2017, cuando las cuentas de la Generalitat quedaron bajo el control de la Intervención General del Estado, Montoro ha querido empezar a preparar a la Abogacía del Estado.

ECD ha podido saber que el ministro ha reunido a algunos letrados destinados en el Ministerio de Hacienda con vocales de su gabinete para coordinar versiones sobre la tutela de las cuentas catalanas y comenzar a estudiar los posibles problemas legales que le pueden acarrear.

Fuentes cercanas afirman que los abogados del Estado no participarán directamente en la redacción del informe que se entregará al juez, pero sí conocerán su contenido para anticiparse a un posible careo con la Guardia Civil o a una petición de Junqueras y demás procesados para que Montoro acuda como testigo al Supremo.


 

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