Caso de los ERE de Andalucía

El PSOE ha diseñado una campaña para descalificar a la juez Alaya

Principales acusaciones: sus autos no están correctamente fundamentados; asume competencias de otros juzgados; mantuvo vínculos personales con altos cargos del PP

La juez Alaya.
La juez Alaya.

La juez Mercedes Alaya se ha convertido en el blanco de las iras del PSOE. La fianza impuesta a Magdalena Álvarez ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los socialistas preparan una campaña contra la magistrada, que se extenderá por los medios y también a nivel judicial. En la dirección del partido ya tienen listo el argumentario contra la instructora del ‘caso de los ERE’.


Según ha sabido El Confidencial Digital, la dirección del PSOE en Andalucía se ha puesto en contacto con sus servicios jurídicos para intentar “pararle los pies” a la juez Alaya. La ejecutiva de los socialistas andaluces entiende que la magistrada “se está extralimitando en sus funciones”: sus últimos movimientos no se ajustan a derecho y quieren “tomar cartas en el asunto”.

Así, los abogados del partido trasladarán a la Fiscalía una serie de informes y datos que pretenden demostrar la “mala praxis” de la magistrada en la instrucción del caso de los ERE. Algunos de esos datos también se distribuirán a en los principales periódicos. Se trata de armar el mayor ruido posible. “Ha llegado el momento de defenderse”, advierten los socialistas.

Ataques a los autos de la juez

El PSOE empleará algunos de los autos redactados por la propia juez Alaya como principal argumento en contra de la magistrada.

En concreto, según las fuentes consultadas, se hará un listado con todos y cada uno de los escritos realizados por Alaya en los que se hayan cometido “errores en la interpretación” o no se hayan fundamentado correctamente. Entre esos escritos, destacan los siguientes:

--La imputación de Manuel Gómez. El pasado mes de junio, la juez imputó a Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta y el gran artífice de que se dieran a conocer los ERE fraudulentos. Lo hizo a pesar de que Gómez remitió hasta 15 informes a tres ex consejeros alertando de lo que estaba ocurriendo. Para el PSOE, “Gómez es por ley un testigo, pero Alaya le imputó haciendo insinuaciones y cábalas en un auto sin sentido”.

--Auto de la “preimputación” de Chaves y Griñán. Tres meses después, en septiembre, Mercedes Alaya elaboró una providencia en la que daba “traslado como imputados” a los dos ex presidentes de la Junta. La magistrada empleaba esa fórmula -“desconocida hasta entonces” según afirman desde el PSOE, porque en el propio escrito reconocía que su juzgado no tenía competencia para imputarles.

En el mismo escrito, Alaya emplea expresiones como “resulta conveniente, llegado a este punto de la instrucción, bordar la cuestión del aforamiento de determinadas personas”, con el objetivo de eliminar los privilegios legales de los dos dirigentes socialistas. Para el PSOE, “ese mecanismo no se ajusta a derecho”. Y dará la batalla para que se demuestre.

--La fianza a Magdalena Álvarez. Por último, el PSOE considera que el auto de la juez en el que impone a la ex ministra de Fomento una fianza de 29 millones de euros contiene “errores de primero de carrera”. En primer lugar, porque “no se tiene en cuenta el recurso presentado por Mercedes y que tenía que haber contestado antes del 23 de abril”.

 

Además, la magistrada justifica la fianza asegurando, de forma textual, que “piensa que Álvarez va a ser imputada”. Para los servicios jurídicos del PSOE, “esa afirmación no se puede hacer porque está incurriendo en una falsa instrucción”. Los asesores legales de los socialistas están seguros de que “sólo esa frase es suficiente para hacer nulo el auto”.

La instrucción genera dudas

Relacionado con el punto anterior, el PSOE hará hincapié en el hecho de que la propia Fiscalía haya echado atrás varios de los autos e informes realizados por el juzgado provincial de Sevilla que encabeza la juez Alaya.

Principalmente, se centrarán en el ya citado auto de 'pre-imputación' de Griñán y Chaves, que el pasado mes de diciembre fue 'tumbado' por el fiscal, que llegó a asegurar: “No se explica en el auto , ni siquiera someramente, qué hechos concretos haya podido cometer cada uno de los aforados que pudieran ser constitutivos de delito".

Además, desde el PSOE recordarán que el fiscal general del estado, Eduardo Torres-Dulce, “ha mostrado en alguna ocasión dudas con la instrucción llevada a cabo por Alaya”. En concreto, usarán unas declaraciones del pasado verano, cuando Torres-Dulce justificó el recurso de la Fiscalía Provincial a los autos de la jueza.

Invasión de competencias

Por otra parte, los servicios jurídicos del PSOE van a argumentar que la juez Mercedes Alaya se ha “extralimitado en sus competencias, intentando ampliar su instrucción no solo a otras provincias andaluzas, sino a otros puntos de España”.

En concreto, los socialistas utilizarán el auto elaborado por la magistrada en la que pedía una investigación de las facturas de los sindicatos CCOO y UGT del País Vasco al haber detectado “indicios” de que podía existir alguna irregularidad como en Andalucía.

La iniciativa de la juez, que se dio a conocer la semana pasada y que fue rechazada por la fiscalía, es para el PSOE “incongruente”, ya que “no se puede vincular con la instrucción de los ERE en Andalucía. Si acaso se debería de abrir otra pieza, que ella no puede dirigir”.

“Vínculos personales” con dirigentes del PP

Por último, el PSOE también va a recurrir a insinuaciones sobre la vida privada de la juez. Alguno de sus dirigentes  advierten que van a ‘dejar caer’, de forma sutil, unos supuestos “vínculos personales” de la magistrada con altos cargos del PP andaluz.

En concreto, “se quiere hacer ver que Mercedes Alaya no está siendo imparcial y quiere beneficiar a personas, e instituciones, con las que ha tenido un trato especial en el pasado y con los que mantiene contacto en la actualidad”.

Para demostrar eso, “existen testimonios” y, además, “una serie de filtraciones de los juzgados al PP que se pueden probar”: “sus portavoces daban en exclusiva la imputación de ex altos cargos de la Junta antes de que ellos mismos fueran informados”.


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