Las entrevistas con Iglesias, Urkullu y Torra son parte de las negociaciones

Pedro Sánchez tiene prácticamente atada la investidura de 2020

Acuerdos: con Podemos las pensiones, con C’s la reforma laboral, con los catalanes el fin de los peajes, con Compromís y los canarios la financiación autonómica...

Pedro Sánchez ha fijado su principal desafío en seguir siendo presidente del Gobierno tras las elecciones generales, que en principio convocará en 2020, una vez agotada la legislatura. Y para ello se está ya trabajando, con negociaciones y promesas, a los mismos que le respaldaron en la moción de censura. De hecho, tiene prácticamente conseguido que le vuelvan a votar.

En esa línea, días atrás se reunió discretamente con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. La semana recibió en La Moncloa al lehendakari Íñigo Urkullu, la próxima cita en su agenda es con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el 9 de julio.

Según confirman a Confidencial Digital altos cargos del Gobierno, conocedores de estas citas, Pedro Sánchez ha comenzado a negociar con estos interlocutores el proceso de investidura que deberá abrirse tras las próximas elecciones generales, una vez anunciada su intención es agotar la legislatura, que concluye en junio de 2020.

Garantizar la reelección

El presidente del Gobierno se está trabajando con tiempo el apoyo de los partidos que le llevaron a La Moncloa, con el fin de garantizarse la relección dentro de dos años y mantenerse en el poder al menos hasta 2024.

Así lo ha comentado a algunos de estos líderes políticos, a los que ha trasladado que el Gobierno intentará sacar adelante sus exigencias y demandas, aunque sea dentro de su “limitado margen de maniobra”.

En ese sentido, su intención es abordar lo que ahora pueda estar en su mano sin demasiado desgaste, porque no quiere poner a prueba su minoría parlamentaria en el Congreso.

Pero además está recurriendo a promesas y compromisos para el futuro, que cumplirá una vez se vea ratificado como presidente, después de las generales de 2020.

El pacto de las pensiones

La expectativa creada sobre un acuerdo en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para subir las pensiones en función del IPC quedó frustada hace una semana. A día de hoy, no hay una fecha a la vista para retomar las negociaciones.

El Gobierno, según las fuentes consultadas, ha llegado a la conclusión de que el consenso sobre este asunto no se recompondrá mientras existan unas elecciones en el horizonte.

Pero Sánchez es consciente de que la sostenibilidad del sistema público de pensiones es un asunto urgente, y el Gobierno ha comenzado a negociar los detalles de la reforma con Podemos de cara a la próxima legislatura. Es uno de los pactos que le pueden garantizar volver a ser presidente.

 

PSOE y el partido de Pablo Iglesias coinciden en lo fundamental: defienden establecer que las pensiones suban siempre al menos en función de la inflación incluso en años de recesión.

Ambos se han propuesto lograr el apoyo de otros grupos, especialmente del PDeCAT. Los nacionalistas catalanes rechazan, al igual que PP y Ciudadanos, que todas las pensiones se incrementen según el IPC en épocas de crisis. Pero sí se muestran abiertos a garantizar esa subida a las prestaciones más bajas.

Cambiar la reforma laboral

El Gobierno ha renunciado también a derogar la reforma laboral del PP, argumentando que no dispone de apoyos parlamentarios suficientes. Sin embargo, Sánchez ha comenzado a negociar con Podemos “cambios profundos” en la legislación del mercado de trabajo. Otro campo de acuerdo para atar su voto de cara a la investidura.

En el plano laboral, Pedro Sánchez cuenta con cerrar acuerdos relevantes con Ciudadanos para impulsar un nuevo modelo de crecimiento inclusivo, medioambientalmente sostenible y fundamentado en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo y suficiente.

El PSOE da por hecho el apoyo de Albert Rivera para aprobar un plan por un empleo estable y de calidad, que incluya medidas para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales reformando la negociación colectiva; medidas para mejorar la calidad del empleo y combatir la inestabilidad y la precariedad laboral; la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores; y un plan de choque por el empleo y la inserción laboral.

Financiación autonómica

Pedro Sánchez va a incumplir otra de las exigencias que llevaba años reclamando a Mariano Rajoy. Según anunció en el Senado, el Gobierno no va a renovar el sistema de financiación autonómica. Eso sí, ha prometido “mejoras en los recursos” de las comunidades para los próximos meses.

Las fuentes conocedoras de las conversaciones explican a ECD que el presidente ha frenado esta reforma porque quiere habilitar antes un espacio de negociación bilateral con Cataluña, a partir de la reunión que celebrará la próxima semana con Quim Torra en La Moncloa, pero sin que ello suponga dejar de lado al resto de autonomías.

Para ello, el PSOE ha comenzado a establecer también “contactos informales” con dirigentes de Compromís y de Coalición Canaria para escuchar sus propuestas de cara a plantear un nuevo modelo de financiación. Hay que recordar que Valencia y Canarias son dos de los territorios que más reclaman al Estado un nuevo reparto del dinero.

Un acuerdo sobre financiación autonómica negociado ahora puede garantizar otro apoyo en una futura investidura como presidente.

El fin de los peajes catalanes

El Ministerio de Fomento ha anunciado también la primera medida relevante en infraestructuras. Se trata del fin de los peajes en las autopistas una vez termine la concesión.

Entre otras, el anuncio de José Luis Ábalos afectará a la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, y a los tramos de la AP-7 Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol. Son alrededor de 480 kilómetros en su conjunto, que afectan principalmente a autopistas de Cataluña.

Estos trayectos expiran el 31 de agosto de 2021, por lo que la decisión sobre mantener o no los peajes dependerá del nuevo Gobierno que se forme tras las generales.

El equipo de Sánchez ha tenido en cuenta que se trata de una concesión al PDeCAT y ERC, que vienen exigiendo la gratuidad de sus autopistas, argumentando que los catalanes han pagado con creces la inversión realizada en estas vías. Insisten en “el agravio comparativo que sufren frente a otras comunidades con autovías gratuitas”.

La próxima legislatura

Según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes con acceso a La Moncloa, el plan del presidente es que la culminación de las reformas económicas de calado se produzca en la próxima legislatura y que, en los dos próximos años, el Gobierno sólo ofrezca “soluciones y mejoras parciales” a algunas de las cuestiones.

Las promesas y compromisos sobre esas reformas las está negociando y pactando ahora, para que constituyan sólidos puntos de apoyo para conseguir que sus socios de legislatura le vuelvan a votar tras las generales de 2020. Los pactos se están gestando ahora.

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