Política

Como parlamentario catalán, cobrará 2.871 euros al mes

Puigdemont garantiza a Bélgica que su exilio no les costará ni un euro

Ha presentado un certificado de los ingresos como diputado en el Parlament. Es una de las condiciones para conseguir el status de residente

Puigdemont interviene en un acto de campaña de JxCat desde Bruselas.
photo_cameraPuigdemont interviene en un acto de campaña de JxCat desde Bruselas.

Carles Puigdemont está a punto de cumplir 90 días de estancia en Bélgica. Como ciudadano de la UE, no tiene que cumplir ningún requisito para residir allí durante los tres primeros meses. Pero ese plazo vence en pocos días y, para poder quedarse más tiempo, ha tenido que acreditar que no será una carga económica para el país.

El martes, coincidiendo con la fecha prevista para el pleno de investidura en el Parlament, Puigdemont cumple 90 días de exilio en Bélgica.

Las normas de la Unión Europea reconocen el derecho a la libre circulación de todo ciudadano perteneciente a países miembros, que pueden permanecer hasta tres meses en cualquiera de ellos haciendo turismo, por negocios, estudiando, visitando a amigos o familiares...

“Tendrá los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier ciudadano europeo”, avisó el primer ministro belga, Charles Michel, al día siguiente de la sorprendente fuga de Puigdemont a Bruselas, el pasado 30 de octubre.

Ha rechazado inscribirse como demandante de empleo

Tal y cómo reveló ECD, Carles Puigdemont ha iniciado los trámites para su inscripción en un municipio belga, que identifica como su lugar de residencia habitual en el país.

Días después, varios medios de comunicación confirmaron que la localidad elegida para empadronarse era Sint-Pauwels, a medio camino entre Amberes y Gante, en la comarca de Flandes.

Ahora, el siguiente paso es que el ex president acredite también que se establece en el país en una de estas categorías laborales: como empleado asalariado, como trabajador por cuenta propia, como persona que busca un empleo.

ECD ha podido confirmar que Puigdemont no cumple ninguno de estos tres requisitos para recibir el certificado de residencia, y que, en concreto, ha rechazado inscribirse en los servicios públicos del país como demandante de empleo.

Va a acreditar que dispone de recursos económicos

Según ha podido saber El Confidencial Digital, por fuentes conocedoras del proceso de regularización, la vía que ha utilizado el ex president para obtener el permiso de residencia es acreditar que cuenta con recursos económicos suficientes, y por tanto no supone una carga al sistema de ayuda social en Bélgica, y que dispone de un seguro médico que cubre los riesgos de salud en el país.

Se tiene en cuenta que Puigdemont y los ex consellers que la acompañan deben hacer frente a una serie de gastos en el exilio. En Bélgica el salario medio es de 46.570 euros al año, mientras que en España es de 26.710 euros.

En cuanto al coste de los productos básicos, también se sitúan considerablemente por encima de España. Un café cuesta 2,65 euros de media. Un menú completo, en torno a los 20 euros. Y una cerveza nacional, 3,50 euros.

Utilizará su sueldo del Parlament como garantía

Tras las elecciones del 21 de diciembre, el ex president no ha renunciado al acta de diputado, como sí han hecho, por ejemplo, los ex consellers Carles Mundó y Joaquim Forn.

En la dirección de Junts per Catalunya admiten a El Confidencial Digital que uno de los motivos ha sido, precisamente, poder acreditar ahora a las autoridades belgas que su estancia en Bélgica no va a suponer un lastre para los servicios sociales del país.

Considera que su salario como diputado raso del Parlament, de 2.871 euros mensuales, constituye una fuente de ingresos garantizada, que le permite regularizar su situación en el país sin problemas y sin intermediarios.

En JuntsXCat recuerdan que Puigdemont no cobra ningún salario del partido porque no tiene cargo orgánico y que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención del Govern, renunció a reclamar el salario como ex president porque considera que sigue siendo el presidente legítimo.

La normativa belga estipula que un ciudadano, aparte de demostrar que cobra por un trabajo realizado en otro país, puede defender también su petición acreditando que cuenta con ahorros importantes, es rentista, tiene inversiones o alquileres, o incluso que cuenta con el aval económico de otra persona.

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