Política

Un mensaje a Europa y a la ONU

Rajoy prohíbe atacar al candidato Jordi Sánchez: “Que sólo hable el juez Llarena”

Ha trasladado a ministros y dirigentes del PP que esta semana (más que nunca) es necesario visualizar internacionalmente que en España hay separación de poderes

Jordi Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional.
photo_cameraJordi Sánchez, a su llegada a la Audiencia Nacional.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha decidido convocar para este viernes el pleno de investidura de Jordi Sànchez como candidato a presidir la Generalitat. Desde ese momento, la estrategia del Gobierno, que ha marcado el propio Mariano Rajoy, es clara: echarse a un lado y dejar que actúe la Justicia. Sin ningún tipo de interferencia.

Torrent ha enviado un escrito al Tribunal Supremo, junto con la convocatoria del pleno, la propuesta de Sànchez como candidato, y la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del pasado 23 de marzo, que insta al Estado a “tomar todas las medidas necesarias” para garantizar sus derechos políticos.

La causa de Sánchez ha llegado a la ONU

La causa del ex presidente de la ANC ha llegado hasta la ONU. El requerimiento de este organismo, en el que se alude a los derechos políticos de Jordi Sánchez, no implica que se haya llegado a una decisión sobre el fondo del asunto que se está considerando

En cualquier caso, Moncloa da por hecho que el proceso de investidura de esta semana, conSánchez como candidato, sólo busca por parte de los independentistas “intentar visualizar internacionalmente que el Gobierno español no respeta la democracia”.

Todos callados. Que hable el juez Llarena”

Así, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Consejo de Ministros, Rajoy ha lanzado la consigna a los miembros del Gobierno, y también a dirigentes del PP, de “cuidar y medir sus declaraciones públicas”, hasta el próximo viernes, cuando está convocado el pleno de investidura de Jordi Sánchez.

La consigna es evitar cualquier ataque contra el candidato que, desde el poder político, pueda ser interpretado como una presión o coacción al juez Llarena, quien debe decidir si permite o no asisir al pleno a Sánchez, en prisión provisional desde hace cinco meses.

En concreto, Moncloa ha trasladado a ministros y dirigentes del PP que esta semana, más si cabe, es necesario visualizar internacionalmente que en España hay separación de poderes. “El único que tiene que hablar aquí ahora es el juez Llarena”, insisten a ECD en el equipo del presidente.

En el Gobierno reconocen que “todavía resuenan los ecos del varapalo de la Justicia alemana de la semana pasada”, con la puesta en libertad de Puigdemont y la negativa a extraditarlo por rebelión, a lo que se unen las críticas a España por miembros del propio Gobierno de Angela Merkel.

Toda la presión recae sobre el juez Llarena

La portavoz del PDeCAT, Maria Senserrich, ha defendido este lunes investir a Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat para poner “en evidencia” al juez Pablo Llarena.

Ha destacado que la investidura del ex presidente de la ANC está avalada por la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que pide medidas cautelares a Españapara garantizar sus derechos políticos.

Por ello, considera que esta resolución es un factor nuevo respecto al primer intento de investidura de Sànchez y que deben intentar que tire hacia adelante: “Tenemos que intentar la vía de poner más en evidencia al juez Llarena porque no está cumpliendo los derechos democráticos”, insiste.

Jordi Sànchez fue postulado como candidato a la presidencia de la Generalitat el pasado 5 de marzo después de la renuncia del primer nombre propuesto, Carles Puigdemont.

Sin embargo, cuatro días después el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena, denegó la puesta en libertad del ex presidente de la ANC argumentando riesgo de reiteración delictiva.

En aquel momento, el ex presidente de la ANC presentó su renuncia como candidato -para que se postulase Jordi Turull- y anunció también su predisposición a dejar su acta de diputado si era excarcelado.

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