Piden el apoyo de los partidos constitucionalistas

Recogen firmas para que una ley acabe con la exclusión del castellano en Cataluña, País Vasco, Baleares...

Entidades de comunidades bilingües presentan en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que impediría la discriminación de los castellanohablantes en la enseñanza y en la función pública

Las trabas que ponen al uso del castellano algunos gobiernos de autonomías con lenguas propias han unido a una serie de asociaciones que han decidido presentar una Iniciativa Legislativa Popular para que una ley acabe con esta situación que entienden que “discrimina” a los ciudadanos que utilizan el español.

La propuesta parte de la plataforma “Hablamos Español”, que aglutina a asociaciones de diferentes comunidades autónomas en las que se dan casos de discriminación lingüística. Este jueves han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Libertad de Elección Lingüística, que se tramitará como Iniciativa Legislativa Popular.

Eso implica que si la Mesa del Congreso admite a trámite esta ILP, los impulsores tendrán que ponerse en marcha para recoger un mínimo de 500.000 firmas. Si alcanzan esa cifra, la propuesta será debatida en la cámara baja por los partidos.

Los promotores de la idea aseguran que sería una norma similar a la que existe en otros países con varias lenguas oficiales. El objetivo es “blindar los derechos lingüísticos de los hispanohablantes”, y para ello piden que el Estado, a través de esta ley, garantice esos derechos en ámbitos concretos.

Por ejemplo, exigen que se ponga fin a las políticas que en algunas comunidades autónomas imponen las lenguas cooficiales y excluyen el castellano. De ahí que propongan que se articule por ley estatal la obligatoriedad de que haya líneas de enseñanza en castellano en toda España, para que las familias puedan elegir en qué lengua escolarizar a sus hijos.

También incluye el derecho a ser atendido en castellano por cualquier institución autonómica, que ahora en muchos casos sólo se hace en la lengua cooficial. Y proponen medidas para acabar con las trabas a la movilidad de los funcionarios, ya que gobiernos autonómicos les exigen conocimientos de catalán, vasco, gallego o valenciano para ocupar puestos en la administración pública pese a que no sea estrictamente necesario.

Desde la plataforma “Hablamos Español” esperan contar con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, los “partidos constitucionalistas” a su juicio, para aprobar esta ley.

 

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