Recogida de firmas para que los partidos políticos paguen unas nuevas elecciones
Los impulsores de la ILP argumentan que los diputados son los responsables de no haber llegado a un acuerdo y por eso deben responder por los 229 millones que costarían los comicios
La investidura fallida de Pedro Sánchez y la falta de acuerdo entre los principales líderes políticos, hace que cada vez sea más inviable la formación de gobierno antes de mayo, algo que provocaría la convocatoria de nuevas elecciones generales. Unos comicios que de prosperar una Iniciativa Legislativa Popular, deberían costear los propios partidos.
Según ha sabido El Confidencial Digital, la ILP ha sido impulsada por un ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan Ignacio Trillo, y el empresario malagueño Emilio Díaz Berenguer.
Ambos han elaborado un texto y lo han subido a la web change.org, a través de la cual quieren recoger las 500.000 firmas necesarias para que la iniciativa legislativa sea aceptada por el Congreso de los Diputados y admitida a trámite parlamentario. En su petición, los autores exponen lo siguiente:
--“Ante una eventual repetición de las elecciones […] le anunciamos nuestra voluntad de presentar Iniciativa Legislativa Popular para la reforma de la Ley Electoral, en tiempo y forma de acuerdo con la legalidad vigente, que haga recaer sobre los partidos y diputados y senadores elegidos en las urnas el 20-D de los distintos grupos parlamentarios, la responsabilidad política, fruto de su incapacidad o seguidismo, para acordar la gobernabilidad del país a partir de lo decidido por el voto popular, de manera que si en el caso de que cumplido el plazo fijado en la Constitución Española se debieran convocar nuevos comicios, se considerarían inhabilitados cada uno de dichos parlamentarios para volver a formar parte de las candidaturas de cualquier lista electoral en las dos próximas legislaturas”.
Además de esa reforma en la Ley Electoral, los impulsores de la ILP piden responsabilidades económicas a los partidos:
--“Los Grupos Parlamentarios asumirían la responsabilidad económica derivada de su incapacidad política manifiesta e instarían a las tesorerías de sus respectivos partidos políticos a ingresar en las arcas públicas, en función del porcentaje de votos obtenidos el 20-D, los gastos generados por el Estado para la puesta en marcha y realización de la campaña electoral que hubo”.
En ese sentido, Juan Ignacio Trillo explica a ECD que “los gastos de las anticipadas ascenderían a los 229 millones de euros”. Una cantidad que deberían asumir los propios partidos políticos.
Ya han contactado con presidencia del Congreso
El ex delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía añade que, a lo largo de la tarde de ayer, contactaron con presidencia del Congreso para informar de la ILP y conocer cómo había que notificar a la Cámara los votos recogidos.
Desde el Congreso ya les han facilitado una dirección de correo electrónico, a la que enviar las cifras oficiales de las firmas cosechadas cada día, hasta la obtención de las 500.000.
