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Redada policial en Cataluña: la CUP denunció hace dos años desvío de subvenciones en la Diputación de Barcelona

Cientos de policías de la UDEF están efectuando registros en edificios de la Generalitat y de la institución provincial por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de la Ciudad Condal

Registro policial en la Diputación de Barcelona.
photo_cameraRegistro policial en la Diputación de Barcelona.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional ejecuta este jueves 24 de mayo una amplia operación, denominada ‘Estela’, con registros en distintas sedes de instituciones catalanas para buscar pruebas sobre una presunta trama de desvío de fondos públicos destinados a cooperación internacional.

En torno a 500 agentes de la UDEF, muchos llegados desde Madrid, están efectuando registros en dependencias de la Diputación Provincial de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña y de algunas fundaciones, como la Fundació CatMón, en Barcelona.

La operación la dirige el juez de instrucción número 1 de Barcelona, que según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga este asunto desde hace un año.

En un primer momento distintos medios de comunicación informaron que la operación policial estaría relacionada con el referéndum del 1 de octubre, y que se trataría de buscar pruebas que demostraría que se habría destinado fondos públicos destinados a cooperación internacional al desarrollo para financiar de forma irregular el proceso secesionista y la votación ilegal del 1-O.

Sin embargo, el TSJC sólo indica que se sospecha que se desviaron dos millones de euros de la Diputación de Barcelona, y se habría cometido delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones, negociación prohibida a funcionario público y falsedad.

Se da la circunstancia de que hace dos años, en junio de 2016, la CUP y el sindicato CGT presentaron una denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña en la que apuntaban que la Diputación de Barcelona había concedido subvenciones de cooperación a empresas y patronales sin mediar concursos públicos con publicidad y concurrencia.

Estos hechos denunciados habrían sucedido entre 2012 y 2015, cuando la diputación estaba presidida por Salvador Esteve, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que sería uno de los investigados por el juez y la Policía.

Esas irregularidades denunciadas por la CUP ya afectaban, como los registros de este este jueves, al área de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, si bien ellos cifraban el desvío en un millón de euros y ahora el juez de instrucción habla de dos millones.

Se esperan más detenciones a lo largo del día, ya que el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha señalado que habría en torno a una treintena.

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