Ábalos y Margarita Robles imponen a Sánchez que la desescalada por autonomías sea controlada por el Gobierno

Pedro Sánchez anunció el sábado, durante su comparecencia pública en Moncloa, que la relajación del confinamiento será “paulatina y diferenciada por zonas o territorios”, no necesariamente por autonomías. Ahora, algunos ministros, como José Luis Ábalos y Margarita Robles, han impuesto que esa “desescalada” sea controlada por el Gobierno.

Sánchez planteaba por primera vez un horizonte al fin del aislamiento, aunque con muchísima cautela y avisando de que optará por dar marcha atrás si los datos confirman un repunte.

La desescalada no comenzará antes del 10 de mayo, que será el mes clave en la “fase dos”. La estrategia de salida la está diseñando desde hace semanas el equipo que preside la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Sánchez ofreció que decidieran por su cuenta

En la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado domingo, varios líderes autonómicos anunciaron a Pedro Sánchez que emprenderían sus propios planes para el desconfinamiento. Fueron los casos, por ejemplo, del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el lehendakari, Íñigo Urkullu.

En un primer momento, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras del encuentro, Sánchez aceptó que las comunidades decidieran el plan de desescalada por su cuenta.

Como había explicado en su comparecencia del sábado, el presidente apostaba por una desescalada “asimétrica” de las medidas de confinamiento por el coronavirus.

“Las realidades son distintas. La incidencia y el impacto de la pandemia son diferentes” en cada territorio, aseguró Sánchez horas antes de la Conferencia de Presidentes, remarcando que “habrá distintas respuestas y diferentes escalas en ese tránsito”.

Ábalos y Robles rechazaron la propuesta

Pero tras el anuncio del jefe del Ejecutivo sobre una desescalada “asimétrica”, varias autonomías reclamaron al día siguiente a Sánchez ser las primeras en iniciar ese proceso. Fue el caso de Canarias, Baleares, Andalucía y Asturias.

La reacción fue inmediata. Según las fuentes conocedoras del encuentro, consultadas por ECD, varios ministros que forman parte de la autoridad delegada competente para la gestión de la crisis del coronavirus, que también se encontraban presentes en la Conferencia de Presidentes, rechazaron de forma tajante esa posibilidad.

El titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, insistió en que uno de los aciertos durante esta emergencia sanitaria ha sido la aplicación por igual de las medidas de confinamiento en toda España, y no para una comunidad o región en concreto.

Destacó que en Italia se empezó con Lombardía y al final tuvieron que acabar cerrando todo el país. Por ello, el número tres del PSOE defendió con vehemencia que había que tener esa visión de conjunto, a nivel nacional, también para la fase dos y trabajar sobre ello.

Una tesis a la que se sumó inmediatamente la titular de Defensa, Margarita Robles. La titular de Defensa insistió en que las decisiones se tomen para todo el territorio nacional.

Explicó que hoy en día la movilidad es muy amplia. Recordó que el “confinamiento homogéneo” fue una decisión muy responsable por parte del Gobierno central y parece razonable que las medidas que se adopten ahora se hagan también a nivel general.

Una peligrosa carrera para ser los primeros

Según las fuentes consultadas, Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron algunas de las autonomías que con más claridad transmitieron a Pedro Sánchez su deseo de que el desconfinamiento se aplique contemplando las singularidades de cada autonomía.

Algunas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, trasladaron incluso al Ejecutivo que habían activado ya grupos de trabajo para valorar qué factores y qué elementos deben tenerse en cuenta antes de iniciar la vuelta a la normalidad.

Pero Ábalos y Robles fueron tajantes: “No nos podemos arriesgar ahora a echar por la borda todo el trabajo con decisiones diferenciadas”, destacó la ministra de Defensa.

El titular de Transportes llegó a alertar del riesgo de “entrar en una peligrosa carrera entre autonomías por aliviar el confinamiento”, que supondría un enorme coste político para el Gobierno en caso de un repunte descontrolado de los contagios.

El presidente apoya el control del Gobierno

Tras el plante de los ministros competentes, Pedro Sánchez también zanjó el debate y consideró que el mandó único del Ejecutivo central debe dirigir este proceso, aunque el presidente destacó a los líderes autonómicos, en un claro tono conciliador, su voluntad de “compartir con las comunidades la estrategia de desescalada”.

También el ministro de Sanidad cerró filas con el resto de ministros: “En el marco del decreto de alarma, las decisiones corresponden al Gobierno de España”.

Y reiteró el compromiso de Sánchez de que todas las medidas de este proceso de desescalada se aborden con “la participación y la colaboración” de las comunidades, en el marco del grupo de trabajo que coordina la vicepresidenta Teresa Ribera, también presente este domingo por primera vez en la reunión con los líderes regionales.

Ha ampliado el comité de gestión de la crisis

Precisamente, el comité de gestión de la crisis del coronavirus y el estado de alarma se amplió la semana pasada. La Moncloa anunció el miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había decidido incluir en el comité a los cuatro vicepresidentes -Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera- y a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Hasta el momento, el comité de gestión de la crisis -con el que Sánchez se reúne diariamente- estaba compuesto únicamente por los ministros de Sanidad, Salvador Illa; de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Transportes, José Luis Ábalos, junto a técnicos de sus respectivos departamentos.

Los vicepresidentes y la portavoz del Ejecutivo participan ahora también en esas reuniones y cuentan con la información de primera mano. Aunque Illa, Robles, Marlaska y Ábalos continúan ejerciendo las funciones de autoridades delegadas que quedaron recogidas en el decreto del estado de alarma.