Abogacía del Estado añadirá a la malversación el delito de desobediencia en el juicio del 1-O

La Abogacía del Estado es una de las acusaciones personadas en el procedimiento judicial del 1-O y, según ha podido saber Confidencial Digital, su estrategia de cara al juicio ya está definida: consistirá en pedir la condena para los presos catalanes principalmente por malversación.

De esta manera, se diferenciará de las otras partes, la Fiscalía y la acusación particular representada por Vox, que pedirán que se les juzgue por al menos otros dos delitos. El Ministerio Público solicitará conspiración para la rebelión, y Vox, la rebelión. Ambos también incluirán la desobediencia al Tribunal Constitucional.

El abogado del Estado encargado del asunto, Edmundo Bal, trabaja codo con codo con la recién nombrada jefe de la Abogacía, Consuelo Castro, en el procedimiento. Según las fuentes consultadas por ECD, ambos han acordado difundir que ningún miembro del Gobierno les está presionando para que actúen en un sentido u otro.

Dudas

Antes de que la Sala de lo Penal del Supremo dictara auto de apertura del juicio oral, Bal y Castro tenían dudas sobre cómo enfocar el escrito de calificación de los hechos. Este confidencial ha podido saber que dieron por hecho que la Sala no incluiría el delito de desobediencia y que, por tanto, tampoco lo harían ellos.

Sin embargo, el auto, dictado el jueves, les despejó el camino, ya que los magistrados han incluido la desobediencia al Tribunal Constitucional en la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament.

En cambio, no incluyeron el de sedición, que era por el que más se inclinaba la Abogacía, sino el de rebelión. Los letrados aún no tienen decidido si calificaran los hechos por uno de estos dos delitos.

En cambio, sí tienen claro que incluirán el de desobediencia, ya que “es muy claro”, puesto que el TC advirtió expresamente a los consellers y diputados de la ilegalidad del referéndum.

“A muerte con la malversación”

Por otro lado, ECD ha podido saber que, aunque hagan mención a la desobediencia, la estrategia de la Abogacía será centrarse en acusar a los implicados de un delito de malversación.

Las fuentes consultadas explican que los letrados consideran que es el único para el que tienen “plena legitimidad” para acusar. Argumentan que el desvío de caudales públicoses lo que perjudica gravemente al Estado.

Este es el motivo por el que “irán a muerte” y pedirán la condena de los ex consellers catalanes.

Las penas del delito de malversación son más leves que las de sedición y rebelión: mientras que el primero está castigado con entre dos y seis años de cárcel, para los otros dos están previstos 15 y 25 años de prisión, respectivamente.